Más de 2.500 menores tutelados en residencias en España, 112 de ellos de Mallorca, han cumplido o cumplirán los 18 años a lo largo de 2017 y tendrán que dejar su plaza tutelada libre. Aunque gracias a la Ley de Infancia aprobada en 2015 estos jóvenes en situación de vulnerabilidad seguirán contando con recursos de las administraciones hasta los 21 años y, en el caso de Galicia, hasta los 25 años, la mayoría de edad supone que pasen, de un día para otro, a la vida adulta, once años antes que la media de los jóvenes españoles, según datos de Eurostat.
Concretamente, en Mallorca los extutelados cuentan con una serie de ayudas económicas y sociales que facilitan su adaptación e integración. De este modo, los jóvenes reciben acompañamiento en el ámbito laboral a través de la entidad colaboradora GREC y se les ofrecen pisos residenciales para mayores de edad y menores de 21 años. Aunque la estancia en los pisos puede variar entre uno y dos años, e incluso hay jóvenes que se marchan antes por haber logrado sus objetivos, a los 21 años deben dejar su plaza vacante.
Los centros con los que cuenta Mallorca son el Proyecto Pisos d'emancipació de la Fundació Amaranta, cinco plazas en la Casa del Jove de la Fundación Natzaret, seis plazas en la Fundación Allen Graham, dos pisos de la Fundación La Salle, diez plazas de GREC, 14 pisos del Ayuntamiento de palma y 14 plazas del Govern.
En cuanto a las ayudas económicas, los extutelados de entre 18 y 21 años pueden acceder a unas becas de 2.000 euros máximo destinadas a la manutención, al pago de alquiler (300 euros al mes durante seis meses), gastos de vivienda, para la formación y el ámbito laboral, para el transporte, para determinados tratamientos sanitarios (odontológicos, ópticos o psicolóquicos) y para pagar los gastos por tramitación de documentación.
Además, por parte de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación se regulan ayudas mensuales de hasta un máximo del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para todos aquellos jóvenes de 18 a 25 años que han tenido medida de protección o reforma mientras eran menores de edad
