Vivimos en permanente campaña electoral; llevamos un año sin ejecutivo y varios meses sin Ministro de Sanidad. En realidad, tenemos que mirar hacia atrás, mucho más atrás, para visualizar a alguien que haya ejercido como tal.
En este espacio temporal, con la sanidad fuera de la agenda política, el sector, a pesar de las pesadas tensiones financieras, está funcionado relativamente bien. En algunos casos, incluso con cierta comodidad, alejado de las estériles y paralizantes polémicas partidistas.
Algo tendrá que ver la situación actual. Las políticas sanitarias, ajenas a la locura colectiva en la que se ha instalado la clase política, se han liberado temporalmente de su utilización mediática y de las vías de confrontación.
Sin embargo, esta circunstancia no nos tiene que hacer olvidar que hay muchos aspectos directamente relacionados con la sanidad, de ámbito político, que son implemetandos de forma asimétrica por las distintas comunidades. Me centraré en tres que afectan directamente a la equidad de la asistencia y que discrimina a los ciudadanos según su origen.
En primer lugar, las diferencias en las esperas. Las listas de espera son distintas en los diferentes territorios y los esfuerzos por transparentarlas y reducirlas con firmeza son muy dispares.
En segundo lugar, el desarrollo de recursos sociosanitarios y la calidad del marco para dependientes está creando diferencias insanas entre comunidades.
Por último, las políticas de innovación, entre las que emergen las de interoperabilidad, permite a algunos ciudadanos acceder a los fármacos, vía la receta electrónica, desde comunidades distintas a la propia y a otros no.
No podemos permitir que se abra una brecha entre los distintos servicios de salud y que convivan ciudadanos de primera y de segunda. La solvencia de las estructuras funcionariales, directivas y la financiación son variables importantes. No lo son menos, las políticas de cohesión que emanar del gobierno central, inevitablemente huérfanas.
