En una democracia sana, los partidos políticos no son meras plataformas al servicio de un líder. Al menos en teoría, son organizaciones que representan ideas, proyectos y sensibilidades colectivas. Por ello, cuando la continuidad de un dirigente amenaza con convertirse en un lastre reputacional y electoral para toda una formación, son los propios miembros de ese partido quienes deberían activar los mecanismos de su relevo.
Precisamente eso es lo que debería ocurrir hoy en el Partido Socialista. Si la democracia española funcionase con normalidad, serían los propios diputados socialistas, los alcaldes, los presidentes autonómicos y los candidatos que aspiran a gobernar sus territorios quienes deberían exigir la sustitución de Pedro Sánchez al frente de la organización. De hecho, son los únicos que realmente pueden hacerlo.
Las razones son evidentes. En primer lugar, porque el presidente se encuentra rodeado por una sucesión de polémicas, investigaciones y graves sospechas que afectan a personas de su entorno político y personal. Independientemente de cuál sea el desenlace judicial de cada caso, el desgaste político es innegable. Ningún candidato municipal o autonómico desea acudir a unas elecciones teniendo que dedicar más tiempo a defender las actuaciones de la dirección nacional que a explicar su propio programa de gobierno municipal o autonómico.
Pero existe una segunda razón, incluso más importante. Más allá de la valoración de las leyes concretas que ha promovido sobre vivienda y otras materias, Sánchez ha construido su mayoría parlamentaria apoyándose en fuerzas que históricamente han sido adversarias del socialismo constitucionalista español. Los acuerdos con los partidos independentistas supremacistas, con concesiones consideradas inmorales e ilegales por él mismo, han generado una profunda incomodidad entre muchos votantes socialistas tradicionales, especialmente entre aquellos que siempre defendieron la igualdad de todos los españoles ante la ley y la vigencia del marco constitucional.
No se trata únicamente de una cuestión ideológica. También es un problema electoral. Cada concesión a los socios separatistas, cada retorcimiento del ordenamiento jurídico, cada negociación opaca y cada decisión percibida como orientada exclusivamente a garantizar la supervivencia del Jefe, supone un coste para miles de cargos socialistas repartidos por toda la geografía de España, con alguna excepción puntual. Tal como se ha visto en las consultas electorales de los últimos meses, son ellos quienes deben dar explicaciones a sus potenciales votantes. Son ellos quienes se enfrentan directamente al juicio de conjunto de la ciudadanía.
Sí el cometido social de un partido político es la articulación de una determinada corriente de opinión, el silencio de la práctica totalidad del aparato socialista resulta incompatible con su auténtica misión. En una organización política con verdadera vocación, democrática y representativa, y con mecanismos internos robustos, la acumulación de desgaste, los cambios de posicionamientos meramente estratégicos, las polémicas estériles y la pérdida de confianza habrían abierto, hace tiempo, un debate sobre el liderazgo. Sin embargo, en el principal partido de los que gobiernan España parece haberse convertido en una estructura donde la sumisión al secretario general, y al mantenimiento de los puestos vinculados al mismo, pesa más incluso que la defensa de los propios intereses electorales y que su vinculación con el cuerpo social.
La paradoja es que muchos dirigentes socialistas tienen más que perder manteniendo a Sánchez que promoviendo su sustitución. Un cambio de liderazgo, –o como mínimo su cuestionamiento–, permitiría al partido recuperar la iniciativa política, distanciarse de los errores y malas prácticas acumuladas y presentarse ante los ciudadanos con un proyecto renovado. Por el contrario, continuar vinculando el futuro del PSOE a la figura de un líder cada vez más autoritario y, por tanto, también más cuestionado amenaza con arrastrar a toda la organización.
Los votantes decidirán en las urnas cuándo termina está etapa política. Pero antes de que llegue ese momento, corresponde a los partidos ejercer su propia responsabilidad. Si los socialistas creen que el actual liderazgo perjudica a su proyecto, a sus candidatos y a sus expectativas electorales como posiblemente esté ocurriendo, deberían ser ellos quienes tendrían que actuar.
Tristemente, me temo que no ocurrirá. Pero, cuando un partido queda reducido a una maquinaria al servicio de un líder con tendencias caudillistas, capaz de defender hoy una cosa y mañana la contraria, desaparecen los contrapesos internos. Y sin esos mecanismos de corrección, difícilmente se pueden identificar y resolver adecuadamente los problemas de la nación.
