La preocupación ciudadana por la corrupción se ha multiplicado, alcanzando niveles de récord y se ha consolidado como el segundo problema de los españoles tras el paro, según la última encuesta del CIS. Desde que en año 2011 Mariano Rajoy sustituyó a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno ha aumentado un 32,2%.
Estos años de presidencia del PP en La Moncloa han sido los de los casos Gürtel, Púnica, Bárcenas, Taula y el denominado Caso Imelsa que aún continúa en el juzgado de instrucción 18 de la ciudad de Valencia y por el que a las 10.30 h del lunes pasado, María Rita Barberá Nolla, cofundadora del PP en la Comunidad Valenciana, ex alcaldesa de Valencia durante más de 20 años y en la actualidad senadora territorial por la Comunidad Valenciana, adscrita al Grupo Mixto de la Cámara Alta, se sentó en el banquillo de los investigados de la Sala II del Tribunal Supremo, por razón de su aforamiento.
A lo que hay que añadir el procesamiento judicial del PP como presunto partícipe a título lucrativo de una de esas tramas.
La España de las tramas de la Gürtel, Bárcenas, de la Púnica, de los papeles de Panamá es también la España que ha vivido tasas de paro del 25% y una prima de riesgo disparada. La España de los casos Bárcenas e Imelda es también la España de los contratos temporales en la que los sueldos han perdido más de un 10% de su poder adquisitivo. La de los desahucios y la pobreza energética. La de las pensiones de miseria y cada vez más devaluadas. La de los comedores sociales llenos y los récords de familias sin un solo miembro con trabajo. La de la emigración masíva de jóvenes licenciados faltos de un futuro en España, ¡que sarcasmo que la generación considerada la mejor preparada de la historia de España se vea en la misma tesitura que sus abuelos que se vieron obligados a emigrar a Alemania por falta de trabajo cuando estaba la España del hambre y el subdesarrollo.
Los ciudadanos, en general, culpan a los políticos del problema. El 80% de los españoles cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, según el barómetro global de Transparencia Internacional. Ningún otro país de la UE registra índices tan altos de reprobación ciudadana a la actitud del Ejecutivo. Y el 55% cree que la mayor parte de los miembros de los Consejo de Ministros de la era Rajoy están implicados en estas actividades ilegales.
A pesar de que los españoles suspenden al Gobierno en su lucha contra la corrupción, dicen los expertos, que los electores han priorizado resolver la economía antes que la corrupción, y que existe una paradoja evidente, que es que, a pesar de los casos de corrupción que envuelven al PP, ha conseguido más votos en las dos elecciones generales pasadas, paradoja que los expertos atribuyen a que los votantes PP les importa menos la corrupción que al resto de votantes, les importa más el paro, por ejemplo.
El 37,6% de los encuestados por el CIS señalaba a la corrupción y al fraude como uno de los tres grandes problemas de España en octubre de 2016, recordemos que en el último mes de gobierno de Zapatero, sólo se refería a este problema de la corrupción y el fraude un 5,4%.
Según puntualiza Juan Jesús González, profesor de sociología en la UNED y consejero editorial del CIS “Los votantes del PP votan en clave económica, la corrupción no entra en sus cálculos”, y que alerta sobre “la tolerancia hacia la corrupción como rasgo de la cultura política española”.
No bastan las declaraciones grandilocuentes, pero vacías de contenido que realiza Rajoy de cara a su rebaño de votantes, hay que tomar ya muchas medidas en estos ejes prioritarios: Debe acabarse, de una vez por todas con la sensación de impunidad que rodea a la corrupción, lo que significa reforzar los mecanismos de control del sistema político; deben reducirse las oportunidades de corrupción, mejorando la calidad de la regulación y reduciendo la cantidad de normas, de leyes, para eliminar vericuetos por donde puedan escapar los corruptos a su merecida pena; hay que despolitizar y profesionalizar los escalones superiores de las administraciones públicas; debe ampliarse de verdad la transparencia del sector público y la evaluación del impacto real de las políticas públicas; y paralelamente proteger de verdad y en serio a los denunciantes de corrupción. Lo demás son palos al agua y brindis al sol.
