Antoni Deudero, el regidor de Movilidad, ha iniciado la discusión sobre la aprobación provisional de una ordenanza que regulará el tráfico en el centro de la ciudad. En este contexto, hizo una "llamada a la reflexión" a todas las fuerzas políticas del Consistorio, instándolas a respaldar una iniciativa que "reproducía los trabajos de la anterior legislatura".
El responsable del área ha presentado otro argumento: la "continuidad" y "consolidación" de los proyectos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó para implementar las ZBE, lo que significó una inversión de 20 millones de euros para el Ayuntamiento de Palma. "La falta de aprobación de la ordenanza dificulta enormemente la situación, no solo para este equipo de gobierno, sino también para el Consistorio", ha destacado. Asimismo, Deudero ha enfatizado que esta herramienta es "necesaria" para seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire en la región.
La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha sido la primera en manifestar su oposición al voto. Ella ha señalado que esta "no era la propuesta" consensuada por todos los grupos políticos que formaban parte de Cort en la etapa anterior, sino que se trataba "de la propuesta del PSIB", el partido que lideraba el área de Movilidad. Según la representante municipal, la ordenanza de ZBE corresponde a una zona de "iguales emisiones", ya que las restricciones de circulación se limitan al centro de Palma y son "las mismas que rigen en la actualidad la zona Acire".
Por esta razón, ha enfatizado que desde UP consideraban la propuesta como "insuficiente" y que el Ayuntamiento actual ha demostrado ser "incapaz de mejorar". En su opinión, tanto el Ayuntamiento como Deudero son responsables de "dar la espalda a las futuras generaciones", ya que, según él, esta será una "legislatura perdida en la lucha contra el cambio climático".
El regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, también ha expresado su opinión al respecto, criticando al PP por promover un modelo de movilidad y urbanismo que se basa en la "dictadura del coche", favoreciendo a quienes "pueden permitirse el lujo de contaminar a expensas de la salud y el bienestar de la ciudadanía". Contreras ha señalado que la aprobación de la ZBE por parte del Consistorio se realiza solo "por trámite" y debido a una obligación legal, lo que evidencia que el PP "no tiene interés en reducir las emisiones". Como ejemplo de esto, mencionó el reciente anuncio sobre la construcción de 26 nuevos aparcamientos hasta 2035. Para él, sería necesario que la ZBE incluyera también la zona situada entre Via de Cintura y Avenidas, ya que es allí donde se concentra el mayor tráfico vehicular dentro de la ciudad.
VOTO EN CONTRA DE VOX
La postura de Vox sobre la ZBE ha sido defendida por la regidora Gari Durán, quien criticó que el proyecto fuera finalmente llevado a cabo por una empresa con "falta de experiencia", la cual recibió una puntuación de siete sobre 40 en la evaluación técnica. Durán ha subrayado esta inexperiencia al señalar que la empresa solo realizó mediciones en el centro de Palma, un área donde se aplica la zona Acire y que es considerada la "menos contaminada". Según Durán, la implementación de esta ZBE provocará un "aumento del tráfico" en las zonas periféricas y un incremento de la contaminación debido a la búsqueda de aparcamiento. Además, ha destacado la ausencia de mediciones sobre la contaminación acústica y los supuestos perjuicios económicos que las restricciones al tráfico causarían a los comercios y establecimientos en la zona afectada.
A continuación, el regidor del PSIB, Xisco Dalmau, ha tomado la palabra y ha señalado que la incertidumbre existente en ese momento respecto a la aprobación de la ZBE revela la "incapacidad notable y supina" del PP para escuchar a los ciudadanos y facilitar su participación en la normativa. "Este es un gobierno negacionista, influenciado por su socio de ultraderecha, que una vez más demuestra con sus declaraciones su terraplanismo de manual frente a la evidencia científica", ha afirmado.
Dalmau ha dirigido otro de sus reproches hacia la aprobación de esta normativa el año pasado, que se planeó para entrar en vigor en 2024. Además, ha cuestionado las declaraciones de los miembros de la corporación actual, quienes sostienen que "no habían hecho nada" sus predecesores para avanzar en su tramitación.
Además, ha solicitado la destitución de Deudero por "extralimitarse" en su intento de "modificar el reglamento de la ZBE", el cual, según su opinión, fue el "causante" de la renuncia de los técnicos municipales responsables de su elaboración. Sin embargo, ha enfatizado que el PSIB se abstendría como "muestra de responsabilidad" para permitir que el Ayuntamiento procese la ordenanza y cumpla con la Ley Contra el Cambio Climático. Aun así, ha insistido en que la ordenanza es un documento que "se debe mejorar", ya que "debe incluir medidas complementarias".
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