La acusación que la anterior dirección de Emaya sostuvo contra ellos, concretamente por los supuestos delitos de coacciones o contra la integridad moral, han quedado en agua de borrajas después de que las acusaciones particulares —entre ellas la propia dirección de Emaya y varios mandos intermedios— se retiraran antes del juicio. Así pues, no había caso. Y eso que la anterior dirección de Emaya bajo la presidencia de Ramón Perpinyà (PSOE) utilizó esa acusación sin el menor fundamento, como ha quedado demostrado, para despedirlos e infligir un duro golpe al que entonces era el sindicato mayoritario en Emaya.
Según la sentencia fechada el 12 de noviembre, las acusaciones particulares renunciaron formalmente antes del inicio del juicio oral. El Ministerio Fiscal nunca llegó a formular acusación al no apreciar el menor indicio de delito. Con esa ausencia total de acusación, la magistrada María Magdalena Ferrete Sole declara la libre absolución de los acusados “en respeto al principio acusatorio”, quedando las costas declaradas de oficio.
CONFLICTO LABORAL
Los dos sindicalistas de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegeram S.A. (Emaya) fueron despedidos indebidamente con prácticas antisindicales, como represalia por su oposición a decisiones de la anterior dirección. Ambos despidos fueron declarado nulos, obligando a la empresa a indemnizar a los perjudicados. Sin embargo, la empresa recurrió y los volvió a despedir, justificando su decisión en la existencia de graves acusaciones penales, que ahora se demuestran inexistentes.
También quedó archivada la otra causa paralela por presunta revelación de secretos. El Juzgado de Instrucción nº 5 decretó el sobreseimiento provisional en diciembre de 2024 por falta de pruebas, recordando que los denunciados cumplían su función como delegados sindicales.
OPERACIÓN ANTISINDICAL
Con la sentencia absolutoria a los dos sindicalistas se pone fin a una campaña impulsada desde la anterior dirección de Emaya para acabar con un sindicato que se opuso a sus maniobras para atornillarse al frente de Emaya. Concretamente, USTE se negó a aprobar un reglamento para estabilizar las plazas de los seis directores de la empresa, incluída Nuria Gallego, antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 y así blindarse en sus puestos. Ante la oposición de los representantes de USTE, se inició una operación antisindical, con la participación de otros sindicatos de Emaya, que perjudicó gravemente a USTE. Los dirigentes de los otros sindicatos, por el contrario, fueron recompensados.
CARTA A BAUZÁ
Tras conocerse la sentencia absolutoria, el sindicato ha difundido una carta dirigida al presidente de Emaya y regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzá (PP), en la que denuncia un “acoso sistemático” contra sus dirigentes y acusa a la empresa de haber emprendido una estrategia deliberada para expulsarlos y silenciarlos.
El sindicato denuncia con dureza la actuación de la anterior directora de Servicios Jurídicos y Recursos Humanos, Nuria Gallego, y relata un episodio especialmente grave: el encierro en un despacho a tres delegados sindicales, el bloqueo con llave de la puerta y la exhibición de información privada de sus comunicaciones internas, con amenazas de despido y represalias personales.
USTE recuerda una sentencia firme de 2021 del Juzgado Social nº 5 que condenó solidariamente a Emaya y a otros sindicatos —CCOO, CSIF y SITEIB— por vulnerar la libertad sindical y la negociación colectiva en perjuicio de USTE y USO. La empresa tuvo que indemnizar y publicar la resolución en su intranet.
Ahora, con la sentencia firme y los delegados sindicales rehabilitados legalmente, USTE exige que se repare su honor y que se reconozca públicamente la persecución sufrida. Reclama además responsabilidades internas por parte de quienes impulsaron el conflicto hasta los tribunales.
ACUERDO EXTRAJUDICIAL
Cabe recordar que uno de los sindicalistas despedidos alcanzó un acuerdo extrajudicial por el que Emaya le indemnizó con 225.000 euros a cambio de que desistiera de todas las acciones judiciales contra la empresa. Dicho acuerdo fue recurrido por la exdirectora de Servicios Corporativos, Nuria Gallego, aunque el TSJIB avaló el acuerdo entre la empresa municipal y el trabajador represaliado por Gallego.
Los portavoces de los tres partidos de la oposición de izquierdas en Cort, Neus Truyol (Més per Palma), Xisco Ducrós (PSOE) y Lucía Muñoz (Podemos) denunciaron aquel acuerdo dando por buenos los argumentos de la exdirectora en Emaya, Nuria Gallego.
Más recientemente, denunciaron que PP y Vox estaban utilizando Emaya para proteger intereses de partido y personas afines, con una acusación velada de uso irregular de fondos públicos. Su crítica se fundamentaba en buena parte en la existencia de una “causa penal abierta contra los dos extrabajadores y militantes de Vox”.
“Llegar a acuerdos con presuntos acosadores antes de que exista una sentencia judicial es un insulto a las víctimas y una falta absoluta de respeto a la justicia. Esto pone en riesgo la seguridad y la dignidad de los trabajadores de EMAYA y entierra diez años de trabajo para convertir la empresa pública en un ejemplo de transparencia en la contratación y en la defensa de los derechos laborales”, afirmaron en un comunicado las tres formaciones el 23 de octubre pasado.
Ahora se comprueba que la denuncia penal contra los dirigentes del sindicato USTE fue infundada y que formó parte de una estratagema para acabar con los ellos y con su sindicato.
DEMANDA DE USTE
Por último, hay que recordar que USTE demandó a Emaya, al director del Ciclo del Agua y Transformación Digital, Jaume Femenías, y a la exdirectora de Servicios Corporativos, Nuria Gallego, —esta última despedida por ordenar el espionaje del grupo de wasap del sindicato—, por vulneración de derechos fundamentales; y reclama una indemnización de 727.000 euros.
El juicio se tenía que celebrar el pasado día 5 de noviembre, pero no se celebró ya que todas las partes acordaron posponer el juicio hasta el próximo día uno de julio de 2026, a fin de intentar llegar a un acuerdo de conformidad.
