La resolución judicial que se acaba de conocer, que ordena el desalojo de 45 familias del poblado marginal de Son Banya en un plazo máximo que expira el 5 de octubre, supone un reto descomunal para los servicios del Ayuntamiento de Palma, que se han apresurado a solicitar al juzgado más tiempo para llevar a cabo una tarea que no es sencilla en absoluto. Se trata de desalojar de sus viviendas a 45 familias, unas 60 personas incluyendo niños y ancianos, lo cual ha de hacerse siempre y en todo caso con la supervisión de los servicios sociales y buscando la inserción social de los afectados, algo que a nadie se le escapa que no es fácil. Además, Cort quiere demoler el poblado tras el desalojo para evitar la reocupación, lo cual requiere de unos trámites administrativos que no pueden llevarse a cabo en el exiguo plazo que el juez ha ordenado al Ayuntamiento.
La existencia del poblado de Son Banya es una vergüenza absoluta para toda sociedad desarrollada, por su nivel de marginalidad, exclusión social, conflictividad social, realidad delincuencial, etc. Pero ningún equipo de gobierno municipal ni ningún alcalde o alcaldesa, han podido acabar con la realidad que representa el poblado que pese a la labor policial, continua siendo un “supermercado de la droga”. Pero en algún momento hay que poner punto final a esta situación que se remonta a 1974, hace más de 40 años.
Está claro que no será fácil, como no lo fue acabar con el barrio chino de Palma y ahí está Sa Gerreria, para orgullo de todos los palmesanos. Y otras ciudades han logrado acabar con asentamientos similares, por lo que el objetivo es posible, por más que dificultoso. Y a él habrán de colaborar todas las fuerzas políticas y entidades vecinales y sociales, pues no es algo que se pueda hacer sin la ayuda de todos. Y los primeros, aquellos a quienes hay que insertar en la sociedad, cosa que por ahora no consta que quieran o no hacer. Sin su voluntad de normalizar su situación con la ayuda de las instituciones, todo será inútil.
