Cada mañana salen a las calles de nuestras ciudades miles de conductores de lo que ahora se llama ampulosamente vehículos de movilidad personal (VMP). En teoría se trata de vehículos de una o más ruedas de una única plaza, propulsados por motores eléctricos, que pueden proporcionar una velocidad máxima de hasta 25 km/h. Esos patinetes eléctricos monoplaza en la práctica son bólidos que van a bastante más velocidad (sólo tiene uno que ver la cantidad de tutoriales que hay en Youtube para hacer que corran más muy fácilmente y sin complicación), con dos personas, muchas veces con sillín y cada vez más voluminosos.
A sus conductores, muchos menores de edad, no se les exige permiso ni licencia de conducción, por más que algunos son más grandes y corren más que muchos ciclomotores. Tampoco se les exige seguro obligatorio como a los vehículos a motor, ni casco (cuya utilización es únicamente una recomendación de las autoridades). Únicamente se les obliga a llevar un chaleco reflectante de día y de noche para ser vistos y no circular por las aceras, cosa que muy pocos hacen como puede comprobar cualquiera que salga a la calle.
Muy a menudo se saltan los semáforos, van con el móvil en la mano y con auriculares, más de una persona a bordo, sin luces y pasando de las normas de circulación que además, para más inri, no tienen la obligación de acreditar que conocen.
Las autoridades municipales, destacadamente el Ajuntament de Palma, dicen que favorecer el uso de estos VMP mejora la seguridad vial. Según ellos, miles de conductores de patinetes eléctricos por las aceras, a toda velocidad, sin seguro ni permiso de conducir (o sea, desconociendo las normas de tráfico) hacen que nuestras calles sean más seguras. Naturalmente, nadie con dos dedos de frente podrá creerse tal barbaridad y por tanto, les tendrá por irresponsables a los que no hay que hacer mucho caso.
Sumemos a eso que no llevan matrícula ni ninguna identificación visible, por lo que frecuentemente, cuando causan un accidente o están a punto de hacerlo, gozan de gran impunidad y se dan a la fuga. Ya ha habido numerosos episodios de lo que estoy diciendo. Los radares de la Policía Local de Palma no pueden identificarlos en caso de fotografiar a alguno a más de 25 km/h, cosa que tampoco consta que tengan la menor intención de hacer.
Ahora, la Fiscalía pide mano dura con los conductores de VMP porque su proliferación “perturba” la convivencia. Así, el fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado que se estudia modificar la legislación para que a los patinetes eléctricos se les exija un seguro obligatorio para acabar con el limbo legal en el que se encuentran cuando se ven implicados en un accidente, algo que cada vez sucede con más frecuencia sobre todo en las ciudades que se ven inundadas por tales vehículos, que ya se venden más que balones o raquetas de tenis, sin tener en cuenta su peligrosidad y sin ningún control.
La Fiscalía, además, pide a las policías locales y a la Guardia Civil de Tráfico que los VMP sean objeto de controles preventivos de alcoholemia y drogas, señal que hasta ahora no se ha hecho, con el resultado que es de ver: ciudades inundadas de miles de bólidos por las aceras, implicados en más accidentes y de mayor gravedad.
La indolencia de las autoridades municipales y también del Ministerio del Interior nos ha llevado a esta caótica situación que sólo podrá encauzarse con un esfuerzo descomunal para disciplinar a los conductores que se pasan las normas por montera. Casi todos yo diría. Y ya puede hablar el alcalde José Hila y el concejal de Movilidad Sostenible, Xisco Dalmau, todo lo que quieran de “pacificar la ciudad” y demás sandeces, que mientras no se acabe con esta peligrosa plaga, transitar por Palma es casi suicida.
Si (
No(