La intervención policial en la antigua cárcel de Palma para identificar a sus okupantes es una respuesta lógica, proporcional y adecuada a la sucesión de problemas de seguridad ciudadana que padecen los vecinos de el viejo centro penitenciario. Este miércoles, medio centenar de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local accedieron al viejo recinto penitenciario tras las quejas vecinales por la acumulación de delitos menores, consumo de drogas y conflictos internos. El operativo terminó con un detenido y 165 personas identificadas, pero pone el foco en un problema estructural que va más allá de una operación concreta.
La vieja prisión, abandonada desde hace décadas, se ha convertido en refugio precario de decenas de personas que viven en condiciones insalubres. También se refugian allí grupos de delincuentes que atemorizan al resto de okupas y al vecindario en general. La presencia prolongada de okupas conflictivos ha generado alarma social en la barriada de Cas Capiscol, que exige respuestas firmes del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.
La dejadez que ha permitido durante años que la vieja cárcel se haya convertido en un gueto de marginalidad y delincuencia es una anomalía
Es imprescindible reconocer que una operación policial puntual no basta. La situación requiere un abordaje múltiple con un plan integral que contemple un desalojo ordenado, traslado a recursos sociales adecuados para quienes lo precisen, refuerzo de la presencia policial preventiva y una estrategia municipal para reconvertir ese espacio público abandonado en un activo para la ciudad. La dejadez que ha permitido durante años que la vieja cárcel se haya convertido en un gueto de marginalidad y delincuencia es una anomalía.
Pero comparar esta actuación policial con el desalojo por orden judicial de la nave B9 en Badalona, donde vivían 400 personas migrantes, como ha hecho la concejala de Podemos Lucía Muñoz, es un error. Con el último operativo en la cárcel vieja de Palma, las Fuerzas de Seguridad cumplen con su responsabilidad en materia de prevención de actos delictivos. Es su deber garantizar la seguridad ciudadana y eso es lo que se hizo ayer.
