La propuesta del PP balear de eliminar la fecha de caducidad del Régimen Especial de Baleares (REB) es muy oportuna. Fijar su extinción para el 31 de diciembre de 2028 demostró una miopía política alarmante por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que el PSIB de Francina Armengol aplaudió entusiasta e inexplicablemente.
Nadie, en su sano juicio, supone que Baleares vaya a dejar de ser un archipiélago en unos años; por lo que esa caducidad, más bien, olía a resignación, a parálisis administrativa y política, a ignorar que las singularidades territoriales seguirán vigentes pase lo que pase.
Extendiendo el REB automáticamente, sin más trámites ni atropellos burocráticos, se da carta blanca a la estabilidad, la previsibilidad y, sobre todo, a la competitividad económica de las empresas de Menorca, Formentera, Ibiza y Mallorca. No se trata de blindar un privilegio, sino de reconocer una realidad: la insularidad genera costes estructurales, y el REB debe ser la herramienta para contrarrestarlos, no un mecanismo temporal llamado a extinguirse por capricho político.
Extendiendo el REB automáticamente, sin más trámites ni atropellos burocráticos, se da carta blanca a la estabilidad, la previsibilidad y, sobre todo, a la competitividad económica de las empresas de Menorca, Formentera, Ibiza y Mallorca
Además, este nuevo REB no se agota en mantener lo vigente. Incorpora rebajas fiscales —una deducción del 45 % en el Impuesto de Sociedades para I+D+i, por ejemplo— y recoge ayudas destinadas a promocionar y rehabilitar vivienda protegida exclusivamente para alquiler, no para uso turístico. Se trata de una respuesta directa a una emergencia habitacional real, agravada por los sobrecostes de materiales, mano de obra y suelo que impone la realidad insular.
La propuesta del PP además exige que el Estado incluya en sus Presupuestos anuales una partida específica para pagar el sobrecoste del transporte de residuos, una solicitud justa y necesaria, desde una perspectiva no meramente económica, sino también de sostenibilidad medioambiental.
Prorrogar automáticamente el REB, como proponen los 'populares¡, es una medida de justicia fiscal, una apuesta por la innovación, la vivienda digna y la sostenibilidad a largo plazo de Baleares. Si algo debe caducar son las torpezas políticas de limitar temporalmente las compensaciones de algo que es para siempre, las desventajas competitivas por ser una Comunidad de cuatro islas.
