Desde el 1 de diciembre de 2024, el Real Decreto 933/2021 —que obliga a alojamientos y plataformas a recopilar y transmitir datos de viajeros— está generando un malestar persistente en el sector turístico.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) solicita al Ministerio del Interior una orden ministerial ajustada a derecho; o la derogación inmediata del decreto de registro de viajeros. Es una demanda básica, legítima y urgente.
Hay quejas de confusión, cargas administrativas excesivas —especialmente para pymes— y fallos operativos, lo cual no sorprende Si el Gobierno no logra implantar una normativa clara y operativa, ¿de qué sirve imponer obligaciones penosas sin consulta previa? Las agencias de viaje también plantearon su exclusión del decreto que les coloca en un limbo normativo no previsto.
La Unión Europea ya ha señalado el déficit de definición en el decreto y recalca que será en la orden ministerial donde se debe despejar el alcance real de las obligaciones. Pero mientras tanto, se arrastra desde hace meses una normativa defectuosa e inapropiada, que genera un importante malestar.
España, un destino turístico de primer orden, no puede permitirse que una normativa eche por tierra la eficiencia de la industria
España, un destino turístico de primer orden, no puede permitirse que una normativa eche por tierra la eficiencia de la industria. Pedir diálogo no es pedir privilegios, es reclamar el mínimo respeto institucional para un sector clave en el PIB y en el empleo.
Si no se corrigen las deficiencias de inmediato, la descoordinación normativa no sólo generará costes económicos, sino que empañará la reputación del país ante operadores y turistas. Se impone, pues, una vía: convocar ya una mesa de negociación, definir con claridad legal las obligaciones, rescindir lo que no sirve o perfeccionarlo bajo cauces jurídicos claros.
Además, la Secretaría de Estado de Turismo, que lidera la mallorquina Rosario Sánchez, debería implicarse en buscar una solución negociada al conflicto que se plantea y que vienen denunciando las empresas turísticas.
