La Ley General Electoral prohíbe que desde la convocatoria de unas elecciones hasta la fecha de su celebración, se lleven a cabo actos organizados por un gobierno que haga alusión a los logros obtenidos o a las realizaciones materializadas, así como inaugurar cualquier obra o servicio público. Esto es así para evitar que antes de unos comicios el gobierno de turno haga campaña de este modo. Pese a esta prohibición, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se trasladó el día 20 de julio, 6 días antes de las elecciones generales, hasta Eivissa y junto a los consellers Martí March y Pilar Costa, visitó las aulas de las Escoles Velles de Sant Agustí, en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia, municipio del que es alcalde el socialista Josep Marí Ribas, que ejerció de anfitrión de la comitiva.
Tras la denuncia del Partido Popular, la Junta Electoral incoó un expediente que finalmente ha concluido que tanto el Govern como el Consell d’Eivissa (cuyo presidente socialista también acudió al citado colegio) y el Ayuntamiento de Sant Josep, incumplieron la Ley Electoral y les impone una sanción de 300 euros a cada institución.
Lo normal y lógico es que fuesen los políticos quienes pagasen la multa de su bolsillo o su partido político
Resulta sarcástico que se castigue con sanciones pecuniarias a las instituciones porque sus presidentes (que además pertenecen los tres al mismo partido, la Federación Socialista de Eivissa del PSOE) han llevado a cabo actos de autobombo cuando está vetado hacerlo. Si la sanción ha de pagarse del presupuesto público, ¿dónde está el efecto disuasivo de la multa? Lo normal y lógico es que fuesen los políticos quienes pagasen la multa de su bolsillo o si se quiere, su partido político que es quien a la postre pretendían beneficiar. Pero ¿a qué que deban pagarlo todos los ciudadanos con el dinero de sus impuestos?
Este es un ejemplo más de la imperiosa necesidad de modificar profundamente la Ley Electoral, porque hay cosas que son absolutamente incomprensibles.
