La decisión del Govern balear de no abonar la productividad variable, la que va ligada al cumplimiento de objetivos, ha movido al Sindicato Médico de Baleares a llevar el tema a los tribunales, independientemente de cualquier acción sindical que decida adoptarse, por considerar que esta decisión puede ser ilegal. De hecho, ha señalado que se está preparando un recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo “contra este nuevo recorte ya que consideramos que supone dejar sin efecto acuerdos sindicales unilateralmente”. Y es que, “lo previsto en los pactos o acuerdos sindicales sólo puede anularse legalmente, haciendo uso de un artículo del Estatuto Básico del Empleado Público previsto para circunstancias excepcionales, las cuales no basta con alegar, sino que deben justificarse cumplidamente con datos contrastados y entendemos que no basta una mera invocación genérica a la “crisis” para llevarlo a cabo”. La organización sindical afirma que el Govern ni siquiera “alude a ningún acuerdo sindical en la resolución publicada en el BOIB del 27-9-2011”, sino que se limita a “disponer que los órganos competentes no podrán reconocer el derecho a percibir el complemento de productividad”. “Nosotros creemos -afirman- que esta decisión choca con el Estatuto Marco que prevé el pago del complemento de productividad para retribuir el especial rendimiento, el interés, la iniciativa, su participación en programas o actuaciones concretas, la contribución a la consecución de objetivos”, es decir, la productividad variable”. En este sentido, entienden que “el acuerdo del Govern supone eliminar un complemento al que se tiene derecho, previa evaluación. No es admisible disponer que no se evaluará a nadie y que no se pagará nada a nadie”. Por otra parte, el sindicato recuerda que, en relación al cumplimiento de acuerdos sindicales, el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 38.10 dispone que “se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público”, lo que implica que “las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación”. Pues bien, “a los sindicatos no se nos ha informado de nada, simplemente se decide dejar de pagar el complemento de productividad, lo que en realidad comporta suspender acuerdos (al menos en el caso del personal estatutario) de un plumazo, vía trágala dentro de 15 días. Nos hemos enterado en la prensa gubernamental: el BOIB. Por tanto exigimos que con datos fehacientes se justifique cumplidamente esta medida, para comprobar si es estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. Queremos saber el importe total del ahorro que supone y si con esta suma realmente se salvaguarda el interés público”, reitera la organización sindical. Así las cosas, afirma que en Cataluña “nuestro sindicato homólogo de la CESM: Metges de Catalunya, ante los abusos gubernamentales contra las retribuciones del personal facultativo sanitario, entre otras medidas, ha empezado por desempolvar el decálogo de la buena praxis médica en tiempo de recortes”.
