Una delegación del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, encabezada por el presidente, el doctor Antoni Bennàsar, asiste en Madrid a la Cumbre Mundial Médico-Enfermera que se celebra este viernes en Madrid y en la que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha defendido la colegiación obligatoria ante más de 1.600 médicos y enfermeras de toda España. A este encuentro internacional también asisten los presidentes de médicos y enfermeros de nueve países, así como delegaciones de los Colegios de Médicos y de Enfermería de toda España. Rajoy ha participado en la cumbre con un discurso en el que ha destacado la “necesidad de un registro de profesionales y la obligatoriedad de la colegiación”, ya que se trata de “un compromiso expreso del programa marco del Partido Popular”, ha añadido. Para el presidente nacional del PP, “los colegios profesionales inspiran y guían la conducta ética de los profesionales” y son “elementos clave para impulsar el profesionalismo médico y el compromiso con la sociedad”. Tanto el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, como el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, han resaltado la necesidad de mantener la colegiación obligatoria de los profesionales de la sanidad como garantía de la seguridad de los pacientes. Un planteamiento que comparte el Colegio de Médicos de Baleares que se ha querido sumar a las tesis defendidas por el Consejo General a favor de la colegiación. Y es que, “el actual proyecto de la Ley de Servicios Profesionales convertiría a España en el único país desarrollado del mundo donde el empleador de los profesionales sanitarios también es quien decide qué son las buenas prácticas clínicas. Esto implica que el médico o la enfermera ya no podrán negarse a realizar una práctica clínica que consideren insegura para sus pacientes, porque el criterio deontológico sería el impuesto por su gestor”, han señalado. Esta situación resulta “especialmente peligrosa en el actual escenario de crisis financiera que ya está haciendo mella en la sanidad y que ha obligado a Cataluña a aprobar fuertes medidas de contención del gasto. Unas medidas que van a ser necesariamente mimetizadas por todas las comunidades autónomas tras las elecciones autonómicas”, han reiterado. Además de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y el presidente del Partido Popular, participarán los presidentes de médicos y enfermeros de EE UU, Alemania, Francia, Australia, Italia, Reino Unido, Brasil, Portugal y España; organizaciones de pacientes y sociedades científicas. PROYECTO DE LEY En lo que respecta al Proyecto de Ley de Servicios Profesionales que actualmente contempla el Gobierno, según los documentos de trabajo, el Ministerio de Economía opta por mantener una colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios que trabajan para la sanidad privada y eximir de dicha obligatoriedad a los profesionales que trabajan para la sanidad pública. Esta decisión se adopta alegando que en este supuesto (los trabajadores de la sanidad pública) el Estado ya realiza un “control de las buenas prácticas”. “Basta apelar al sentido común para determinar que resulta del todo ilógico y contraproducente para el paciente permitir que el empleador y responsable logístico y organizacional del trabajo, sea a su vez quien decida también qué son y qué no son buenas prácticas, porque se convierte en juez y parte frente a sus empleados”, reiteran. Y si esto es así, y el actual proyecto de Ley así lo contempla, “los profesionales sanitarios españoles que trabajen para la sanidad pública no podrían negarse a realizar una práctica clínica o asistencial que consideren que implique riesgo para sus pacientes, porque el criterio deontológico sería el impuesto por su gestor, que podría perfectamente optar por priorizar el ahorro, la rentabilidad y/o la cuenta de resultados, frente a la propia seguridad de los ciudadanos”. Esta situación, “ya de por sí crítica en cualquier contexto histórico, resulta especialmente peligrosa ante la situación de crisis financiera que vive nuestro país y que ahora, más que nunca, comienza a hacer mella en la sanidad”. Por otra parte, en diversas fuentes se afirma que para justificar su posicionamiento, el Ministerio de Economía sostiene que éste es el modelo que impera “en gran parte del mundo”. Sin embargo, “los presidentes de las profesiones médica y enfermera de los países más desarrollados mantienen que en sus sistemas sanitarios, todos los profesionales sanitarios tienen la obligación de pertenecer a su órgano regulador y someterse a su disciplina deontológica, con independencia de si trabajan para el sistema público de salud o para la sanidad privada” Cabe destacar que este proyecto de Ley de Servicios Profesionales viene a desarrollar en nuestro país una resolución del Parlamento Europeo que pretende dinamizar las economías nacionales liberalizando determinados servicios profesionales y comerciales. Sin embargo, la misma Unión Europea aprobó la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios (Directiva Bolkestein), en la cual los servicios sanitarios quedaban expresamente excluidos. “A pesar de este claro posicionamiento europeo, el Ministerio de Economía ha decidido incluirlos a la hora de la transposición de esta directiva y pretende llevar a cabo una liberalización, sin precedentes, de estos sectores”, señalan los responsables colegiales. Por tanto, defienden que “la universalidad de la colegiación y el control deontológico debe seguir siendo ejercido por las propias organizaciones profesionales, independientes y democráticas, como medio que ha demostrado sobradamente su validez a la hora de garantizar la seguridad de los pacientes”.
