La consecuencia inmediata del recorte de liberados institucionales será “el despido de los trabajadores temporales sustitutos, pasando a la situación de paro y, en consecuencia, a aumentar la nómina de perceptores de la prestación por desempleo, en unos momentos de difícil recolocación”, según ha señalado el Sindicato Médico de Baleares este lunes. Paralelamente, lamenta “profundamente la decisión unilateral del Govern de anular un pacto bilateral en vigor, sin ni siquiera oír previamente a todos los afectados”. Por otra parte, dejan claro que, a partir de ahora, será imposible una “mayor dedicación horaria a la defensa de los trabajadores en unos momentos en que las conquistas sociales y los logros de años de sindicalismo médico se ven mermados (rebaja inaudita de retribuciones), y a veces amenazados de supresión”. “A pesar de ello seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas no sólo para evitar retrocesos, sino para exigir el cumplimiento, cuando no perfeccionar, todos los acuerdos alcanzados: acción social, carrera profesional…”, señala. En lo que respecta a la supresión de las subvenciones electorales, denuncia que esta medida, en realidad, “es un brindis al sol, ya que el Govern, con incumplimiento de sus obligaciones, no ha pagado las correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, y 2011. En el año 2008 se percibieron 9.000 euros, en función de los resultados electorales obtenidos. Por tanto, nada ahorrará la medida pues nada se venía pagando y su exigua cuantía no contribuiría a paliar la deuda de más de 5.000 millones de euros de la CAIB”. El sindicato añade que podría sugerir, pero no lo hará “para no caer en demagogia, que para un ahorro efectivo y real se supriman las abultadas subvenciones electorales a los partidos políticos, y que se rebajen las retribuciones de todos los cargos públicos sin excepción (concejales, consellers, parlamentarios, etc.) en, al menos un 6%, como hemos sufrido los facultativos públicos en 2010 y 2011, o que se dejen de pagar dietas de asistencia a cualquier órgano colegiado público, o que se supriman todos los llamados “asesores” (léase sinecuras) cuando hay funcionarios que puedan asesorar”, así como la “supresión de teléfonos móviles institucionales (usados también para la vida privada); supresión de viajes institucionales con cualquier pretexto, y supresión de comidas y cenas a cargo del erario público, ya que para trabajar pueden usar los despachos, y así conciliarán su vida política con la personal y familiar”.
