Solucionar la crisis económica no está en manos de los gobiernos autonómicos. Al menos no en sus aspectos fundamentales que dependen de Madrid, como mínimo. Ya nos bastaría con que las autonomías arreglaran el desaguisado en sus casas, para volver a pagar las deudas que se han acumulado y que estrangulan a las empresas privada. Pero los gobiernos regionales sí tienen algunas cosas a hacer, que no tendría perdón que obstaculizaran: acelerar la parte que depende de ellas en la tramitación de los permisos y autorizaciones para los inversores privados que quieren desarrollar iniciativas dentro de la legalidad. Siempre dentro de la Ley, es fundamental que se permita y facilite a cualquier particular que lleve a cabo su inversión, que contrate a las plantillas que necesite, que apueste por crear negocios. Los mal pensados en seguida estarán viendo aquí a poderosos grupos multinacionales que quieren urbanizar lo que queda de zonas naturales en las Islas, pero hay cosas más simples que estas: hay peticiones para abrir comercios, supermercados, tiendas, edificios que, dentro de la más absoluta legalidad, estaban y aún siguen parcialmente arrastrando sus expedientes de oficina en oficina; hay inversiones más complejas como son las que se han anunciado para Magalluf que requieren ciertas facilidades públicas, pero que sólo pueden aportar mejoras a una zona absolutamente degradada; hay iniciativas empresariales que deben ser apoyadas porque los tiempos no están como para desperdiciar ni un empleo ni tampoco un euro en impuestos. Las inercias de la Administración nos conducen, pese al evidente cambio de tónica que ha protagonizado este gobierno, a que hasta hoy mismo actuemos como si la demanda de empleo fuera superior a la oferta, como si aún pudiéramos escoger.
