El artículo, al que ha tenido acceso EFE, galardonado con el XX Premio Derecho y Salud 2025 de la Asociación Juristas de la Salud, sostiene que, aunque las tecnologías inteligentes han demostrado reducir la siniestralidad laboral y mejorar la prevención, también introducen amenazas que el marco normativo actual aún no está preparado para afrontar.
Según explica Rodríguez Escanciano, la IA contribuye de forma objetiva a disminuir los accidentes laborales gracias a sistemas capaces de identificar peligros, predecir riesgos y monitorizar comportamientos inseguros en tiempo real.
Robots colaborativos, dispositivos biométricos, sensores ambientales, exoesqueletos, formación virtual o herramientas de análisis de datos permiten liberar a los trabajadores de tareas pesadas, peligrosas o repetitivas, a la vez que mejoran las condiciones de trabajo y la detección de posibles patologías.
Sin embargo, la autora advierte de que este avance tecnológico "no elimina de raíz las formas de nocividad" y suma riesgos emergentes en ámbitos hasta ahora poco explorados.
Entre ellos, destaca los problemas derivados de la interacción humano‑máquina, la fatiga digital, la intensificación del ritmo de trabajo, la supervisión continua, la pérdida de autonomía y el temor a la sustitución por algoritmos o robots.
El estudio señala que el impacto más alarmante se está produciendo en la salud mental, ya que los sistemas inteligentes pueden generar cargas de trabajo excesivas, una presión creciente por alcanzar objetivos y una cultura laboral basada en la inmediatez y la disponibilidad permanente.
La experta describe un amplio abanico de nuevos síndromes vinculados a la digitalización: tecnoestrés, tecnoadicción, tecnofobia, tecnofatiga, infoxicación, multitarea compulsiva, síndrome del 'zoom', vibración fantasma o incluso fenómenos como el 'sleep‑texting', que lleva a algunos trabajadores a contestar mensajes sin ser conscientes mientras duermen.
A ello se suma una realidad ya detectada a escala nacional: según datos citados en la investigación, el 45% de los trabajadores en España cree que su entorno laboral puede afectar negativamente a su salud mental, una cifra que se eleva al 50% en sectores como transporte, finanzas o sanidad.
El aumento del teletrabajo y de los modelos organizativos basados en algoritmos ha desdibujado las fronteras entre jornada laboral y vida privada.
En este contexto, Rodríguez Escanciano considera que el derecho a la desconexión digital es insuficiente tal y como se aplica ahora, pues se limita a permitir al trabajador no responder comunicaciones fuera de horario, sin garantizar mecanismos efectivos que impidan que la empresa genere presión o expectativas de disponibilidad.
La autora apuesta por reforzar este derecho mediante medidas estructurales que aseguren el descanso real, como el bloqueo automático de servidores de correo al final de la jornada, la restricción de comunicaciones corporativas o la incorporación de cláusulas específicas en los convenios colectivos.
La catedrática subraya además la dificultad de diagnosticar adecuadamente las enfermedades mentales de origen laboral, un problema que complica su reconocimiento como contingencia profesional y limita la eficacia de los sistemas de protección social.
Por ello, concluye que es imprescindible "diseñar reformas legislativas precisas y participadas", que adapten la normativa de prevención de riesgos laborales a los desafíos de la digitalización y que integren de forma explícita los riesgos psicosociales en el catálogo oficial de enfermedades profesionales.
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