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Los APIS deberán inscribirse en un registro para operar legalmente en Baleares
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Los APIS deberán inscribirse en un registro para operar legalmente en Baleares

lunes 02 de diciembre de 2019, 21:27h
El Govern obligará mediante decreto a inscribirse en un registro autonómico a los 2.000 agentes de la propiedad inmobiliaria (APIS) que operan en Baleares, que deberán contar con formación, para controlar quién opera en este sector, luchar contra el instrusismo y proteger al consumidor.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, se ha reunido este lunes en Baleares con las asociaciones del sector (ABSI, APIS y ABAI) para analizar el contenido del futuro decreto, que estará aprobado el próximo año 2020.

Las asociaciones han alabado esta iniciativa del Ejecutivo para regular el sector inmobiliario, que no está regulado en España, y "dar las máximas garantías" a los ciudadanos que quieran comprar o vender sus viviendas a través de estos profesionales.

Los agentes de la propiedad inmobiliaria deberán contar con una mínima formación, estar inscritos en el referido registro público, adherirse a un código deontológico y contar con un seguro de responsabilidad civil.

Para la inscripción en el registro deberán acreditar que cumplen todos los requisitos establecidos. Será un registro de consulta pública para dar el máximo de garantías a los ciudadanos. La inscripción correcta dará derecho al uso público de un distintivo acreditativo para identificar a los agentes inmobiliarios.

"Cualquier persona no puede operar como API, así se devalúa el sector", ha afirmado el conseller en la rueda de prensa que ha ofrecido.

Se pedirá a los profesionales que dispongan de establecimientos abiertos habitualmente al público o, si sólo dan servicio telemático, disponer de una dirección física de contacto y referencia, con la adecuada identificación.

Se busca garantizar la solvencia económica de los agentes inmobiliarios para que, si fuera necesario, puedan dar una respuesta efectiva y ágil. Les piden constituir una garantía patrimonial para responder de las cantidades que reciben de sus clientes en el ejercicio de su actividad, por un importe a determinar normativamente.

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