Se aprueba un nuevo registro con el que combatir el alquiler turístico ilegal

El sistema será obligatorio a partir de julio de 2025 para arrendadores y plataformas digitales y pretende regular la actividad de alquiler turísticos y arrendamientos de temporada o habitaciones. Los propietarios deberán contar con un número de registro para operar.

El próximo 2 de enero entrará en vigor el registro único de alquileres de corta duración, que regulará desde alquileres turísticos hasta arrendamientos de temporada o habitaciones. Aunque el sistema contará con un periodo de transición de seis meses, será obligatorio a partir del 1 de julio de 2025, cuando los arrendadores deberán disponer de un número de registro para operar en plataformas digitales.

La medida, aprobada en el último Consejo de Ministros de 2024, posiciona a España como el primer país de la Unión Europea en implementar el reglamento europeo que obliga a los Estados miembros a establecer un sistema de información para los alquileres de corta duración.

A partir de julio, cualquier persona que desee ofrecer un alojamiento temporal en plataformas como Airbnb o Booking deberá obtener un número de registro único, que identificará la vivienda y será obligatorio en los anuncios. Las plataformas estarán obligadas a verificar la validez de este número, mostrarlo de forma visible y eliminar anuncios que no lo cumplan en un plazo de 48 horas si se detectan irregularidades.

El registro afectará a alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, siempre que tengan fines económicos y se ofrezcan a través de plataformas digitales. También incluye alojamientos en embarcaciones u otras propiedades que no sean de uso permanente.

La normativa entrará en una fase de transición desde enero hasta julio de 2025, permitiendo a arrendadores y plataformas adaptarse a los nuevos requisitos. Durante este tiempo, se establecerá un régimen sancionador específico, aunque por ahora se aplicarán las leyes estatales, autonómicas y locales existentes.

El registro deberá renovarse anualmente mediante la presentación de un modelo informativo que incluirá un listado anonimizado de las operaciones realizadas.

El objetivo de esta medida es mejorar la transparencia en el sector de los alquileres de corta duración, promoviendo un mercado más regulado y garantizando la seguridad tanto de arrendadores como de usuarios.