Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press el sobreseimiento de la investigación judicial, que ya ha sido notificada a las partes. Contra la decisión del juez cabe la interposición de recursos, por lo que todavía no es firme.
Según las citadas fuentes, el juez ha apreciado que la macrogranja avícola presentaba diversas "carencias" que, sin embargo, no serían constitutivas de un delito de maltrato animal.
AGRICULTURA REACTIVA PROCESO ADMINISTRATIVO
Si el archivo adquiere firmeza, han indicado fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la administración autonómica reactivará el proceso administrativo para determinar si la empresa responsable de la explotación avícola debe ser sancionada por estos hechos.
Fueron las organizaciones Satya y ARDE quienes denunciaron ante la Fiscalía a la macrogranja avícola, ubicada en el municipio de Llucmajor, por supuestos delitos contra la salud pública y estafa.
IMPORTANTE FALTA DE HIGIENE
Ambas entidades de protección animal y medioambiental publicaron una investigación de abril del año pasado en la que constataron que el lugar presentaba una importante falta de higiene, con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.
Fruto de la denuncia, inspectores del Govern y la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones y se ordenó el cierre de una de las naves de la explotación.
COMUNICADO DE AMBAS ENTIDADES
Arde y Satya, en un comunicado publicado este jueves, han sostenido que el sobreseimiento provisional de la causa "no borra las imágenes ni los hechos documentados" sobre cadáveres putrefactos o gallinas hacinadas y desplumadas.
"¿Qué más tiene que pasar para que se castigue el maltrato animal? La convivencia de animales vivos con decenas de cuerpos en descomposición, la acumulación de suciedad extrema y las aves enfermas son hechos documentados y valorados por profesionales veterinarios", se han preguntado.
Aunque han dicho respetar la decisión judicial, los animalistas han llamado a "no normalizar situaciones que evidencian un patrón de abandono, insalubridad y sufrimiento animal" en una explotación que ya fue sancionada con casi 400.000 euros por la vía administrativa.
"Seguiremos utilizando todas las vías legales y sociales a nuestro alcance para exigir responsabilidades, transparencia y el cierre de una explotación que ha generado alarma vecinal, riesgos para la salud pública y sobre todo un evidente perjuicio para miles de animales", han zanjado las entidades.
