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Los suspendidos en las oposiciones de la policía quieren reclamar sueldo y antigüedad
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Los suspendidos en las oposiciones de la policía quieren reclamar sueldo y antigüedad

jueves 16 de enero de 2020, 11:00h
Los candidatos a obtener una plaza en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía que han sido suspendidos en el proceso de oposición a causa de un cambio de criterio del tribunal calificador a la hora de adjudicar la nota de corte, están dispuestos a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Dirección General de Policía. Esto será así en caso de que los recursos de alzada que han tramitado sean rechazados por la DGP, bien expresamente o por silencio administrativo negativo. De salir adelante la reclamación ante la Justicia ordinaria, la Administración tendría que hacer frente el pago de los sueldos de los candidatos inicialmente eliminados que se hubieran reintegrado al proceso y hubieran obtenido al fin su plaza.

Los 3.900 candidatos a ocupar una plaza de oposición en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, y que presentaron un recurso de alzada contra las notas otorgadas por el tribunal calificador en la prueba anterior, vieron frustradas sus expectativas de tomar parte en el examen que tuvo lugar este pasado sábado en diferentes localizaciones del territorio nacional, y también en Baleares.

Concretamente, en las islas unos 30 aspirantes habían tramitado sus correspondientes recursos de alzada en disconformidad con la decisión del tribunal de elevar, sin previo aviso y con el proceso ya iniciado, la nota de corte en la parte de la prueba dedicada a los conocimientos en ortografía.

Sin embargo, según ha podido saber mallorcadiario.com, la Dirección General de Policía (DGP) no se ha pronunciado todavía en torno a la admisión o no de los recursos, circunstancia que ha hecho imposible a los afectados acceder a la convocatoria de examen que ha tenido lugar este fin de semana.

Ahora, la DGP cuenta con un plazo de tres meses para dar a conocer su posición acerca de las reclamaciones de los candidatos. Si no se produjera ningún tipo de respuesta, la legislación vigente marca que el silencio administrativo negativo implica la desestimación efectiva de los recursos.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

En este caso, las personas inscritas en la oposición perjudicadas por el cambio de criterio del tribunal calificador tendrían la posibilidad de interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante las instancias judiciales ordinarias. En principio, éste parece constituir el propósito de la inmensa mayoría de candidatos que interpusieron recurso de alzada, agrupados en torno a la plataforma Justicia 36 (por el número de promoción de los opositores).

Uno de los afectados, residente en Baleares, ha asegurado a mallorcadiario.com su predisposición a seguir luchando por no verse apeado de un proceso de oposición del que, según sus argumentos, ha sido eliminado de forma manifiestamente injusta. Su intención, como la de la mayor parte de afectados, es presentar un recurso contencioso-administrativo en caso de que la DGP no valide su reclamación y le permita seguir formando parte del concurso de provisión de plazas en la Policía Nacional.

SUELDOS RETROACTIVOS Y ANTIGÜEDAD

La resolución del contencioso puede prolongarse, según este afectado, por espacio de unos dos años, aproximadamente. Este aspirante se halla convencido de que la Justicia ordinaria atenderá las razones esgrimidas por los recurrentes y les permitirá incorporarse de nuevo al proceso opositor.

Si esto ocurre, la DGP se verá obligada a abrir a estas personas el acceso a las pruebas en las que no han podido tomar parte, de manera que quienes consigan superar el resto de exámenes y obtener su plaza como funcionario de la escala básica del CNP tendrán derecho, según el testimonio recogido por este medio de comunicación, a percibir de forma retroactiva los sueldos que deberían haber cobrado hasta el momento, acumulando, además, la antigüedad correspondiente.

Para este afectado, este desembolso representará "un gasto para la administración, solo por no dar su brazo a torcer y dejarnos participar en la prueba. Al final, ha sido todo un sin sentido por parte de la administración, pérdida de dinero y tiempo, y malestar general con la DGP".

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