Un nuevo caso de corrupción vinculado a la financiación irregular del Partido Popular atenaza a la formación mayoritaria y que ostenta el Gobierno del país con Mariano Rajoy al frente. Ignacio González, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido enviado a prisión preventiva por el magistrado-juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Este hecho supone un durísimo mazazo contra Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta del PP de Madrid, pues González fue durante muchos años su mano derecha y su relevo como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas.
Paralelamente a las revelaciones que se van conociendo sobre la ‘operación Lezo’, sobre una supuesta trama de corrupción en torno al Canal de Isabel II, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, deberá declarar como testigo en el juicio de la trama ‘Gurtel’, otro gran caso de supuesta corrupción que salpica a esta formación política.
El PP no logra sacudirse el estigma de la corrupción por más que lo intenta. Un día tras otro se suceden las operaciones judiciales en diferentes lugares de la geografía nacional, con registros, detenciones, juicios todo el escándalo mediático que ello conlleva. Si a eso se suma que el PP, pese a ser la fuerza más votada, no ostenta la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, se hace difícil que con la actual situación de acoso judicial otras formaciones se comprometan abiertamente a dar apoyo estable a los populares.
Hay que reconocer que fue el propio PP, a través de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien trasladó a la Fiscalía las presuntas irregularidades en las inversiones internacionales del Canal de Isabel II. Algo así es poco habitual, por no decir insólito, pues no sucede a menudo que alguien denuncia a otros miembros de su formación política. Pero también hay que señalar que resulta de todo punto anómalo que la dirección nacional del PP no intervenga de algún modo y se encomiende todo a la actuación de jueces y fiscales. Si se tratara de un caso aislado, algo así estaría justificado, pero con la avalancha de casos de corrupción que afectan al PP y a su financiación, es inconcebible que todo lo que el PP es capaz de ofrecer sean apelaciones a la presunción de inocencia y declaraciones de respeto a las actuaciones judiciales. Se espera mucho más y ya es inevitable adoptar una estrategia más proactiva y beligerante, si se quiere cortar la sangría en términos de credibilidad política, por parte del principal partido del país.
