En esta carrera de anuncios que ha emprendido el conseller d’Educació, Antoni Vera, desde el inicio de esta legislatura, esta semana nos sorprendió a quienes llevamos años trabajando con el sector educativo anunciando que iba a “blindarse” la autoridad del profesorado.
En realidad, semejante blindaje legal ya existía, aunque su flamante comité de “expertos” le haya hecho esta propuesta como si de una novedad se tratara. El artículo 58.2 de la Llei d’Educació de les Illes Balears así lo establece, tanto para los equipos directivos, como para el resto del profesorado, sin distinción entre los docentes de centros públicos, privados concertados o privados sin concierto.
El problema no es, por tanto, la falta de sustento legal de la condición de autoridad del profesorado a efectos tales como la presunción de veracidad en el seno de los expedientes de convivencia, etc., sino otro mucho mayor y de casi imposible -por dejar algún resquicio- solución.
En primer lugar, el hecho de que una ley autonómica otorgue a todos los profesores la condición de autoridad no empece a que el Código Penal únicamente califique de atentado aquellas agresiones o resistencias con violencia o intimidación a funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública, incluyendo expresamente a los funcionarios docentes. Es decir, exclusivamente el profesorado de la enseñanza pública que ostente tal condición -ni siquiera el personal contratado laboral de la administración educativa quedaría protegido-, de manera que, para el resto de los docentes, el “blindaje” legal es, en realidad, de cartón piedra.
Y eso no lo puede cambiar Vera, aunque quisiera, porque las comunidades autónomas carecen de competencia para ello.
Pero es que, además, la protección penal y administrativa del profesorado no sirve absolutamente para nada si el entorno social cuestiona a diario cualquier atisbo de autoridad de los docentes. Muchos progenitores dan continuas muestras de desautorización del profesorado ante sus propios hijos. Como, además, el concepto de familia ha pasado a designar todo un batiburrillo de distintas configuraciones, de entre las cuales los colegios a institutos sufren a diario sus consecuencias, las habituales malas relaciones entre centenares de padres y madres que ya no son pareja -ni de hecho, ni de derecho, ni de desecho, como dice un amigo- acaban trasladándose al ámbito escolar y, cómo no, cargando sobre las maltrechas espaldas de los equipos directivos, orientadores y profesorado. Razonamientos -por decir algo- del tipo “si mi ex se lleva bien con la maestra de nuestra hija es que debe ser tan mala como ella y, por tanto, voy a cuidarme de desautorizarla y hacerle la vida imposible todo cuanto pueda” son, por desgracia, moneda común en todos los centros. Generan más consultas legales cosas como estas que cualquier otra duda jurídica de las direcciones de los colegios.
Por otra parte, la administración de cualquier color, o mejor dicho, su poder político, tiene pánico a entrar en conflicto con los padres y acostumbra a templar gaitas con las distintas organizaciones -algunas de ellas, bien legítimas y útiles, y otras una auténtica colección de frikis con mucho tiempo libre- que pululan entorno a las familias, de manera que este explosivo cóctel no se resuelve modificando ningún decreto de convivencia.
Finalmente, no quiero dejar la ocasión de hacer una reflexión. Vera terminará la legislatura con un balance en el que figurarán notables éxitos y, obviamente, algunos fracasos, entre los que se encuentra sin duda el no haber conseguido configurar un equipo a la altura de los desafíos de su Conselleria. El conseller no puede hacer permanentemente de titular de su departamento y de director de facto de todas y cada una de sus direcciones generales. Algunas de sus medidas han sido brillantes -como la extensión de la gratuidad parcial de la educación infantil 0-3-, pionera, aunque no exenta de daños colaterales en el ámbito laboral, y algunas otras de distinto calado, pero, al mismo tiempo, hay que reprocharle que muchas de esas medidas no han sido objeto de diálogo previo ni consulta de ninguna clase con las organizaciones del sector involucradas, que simplemente asisten como espectadoras a sus distintos anuncios.
Ahora se ha rodeado de este “comité de expertos” que, supuestamente, es el que le sugiere los cambios a llevar a cabo, en un claro mensaje de preterición del Consell Escolar de les Illes Balears y de las mesas de la enseñanza pública y concertada, órganos establecidos en su día por ley y en los que están, realmente, los verdaderos expertos del sector educativo de nuestra comunidad en función de la representatividad de sus respectivas organizaciones, es decir, conforme a un criterio democrático que merece, cuando menos, respeto.
