Las Islas Baleares sufren una crisis de seguridad y una crisis migratoria que amenaza con desbordar la capacidad de las instituciones autonómicas e insulares. El déficit crónico que soportan las unidades territoriales de Policía Nacional y Guardia Civil del Archipiélago, sumado al incremento exponencial de la llegada de pateras desde Argelia, ha situado a la Comunidad Autónoma en una situación límite.
Sindicatos policiales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), advierten que unas 400 plazas del Cuerpo Nacional de Policía en Baleares, quedarán sin cubrir por falta de peticionarios. La razón es evidente: unas condiciones salariales lamentables que no compensan ni de lejos el coste de la insularidad.
Dada la carestía de la vida en las islas, un plus de insularidad ridículo y que no se actualiza desde hace muchos años, conlleva que los funcionarios destinados en Baleares, de facto cobran mucho menos que sus colegas en la Península y Canarias. Gran parte de sus retribuciones deben ir destinadas al alquiler de la vivienda, con los precios por las nubes. Por eso, las movilizaciones anunciadas están plenamente justificadas.
El déficit crónico que soportan las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, sumado al incremento de la llegada de pateras desde Argelia, ha situado a Baleares en una situación límite
Paralelamente, la llegada de inmigrantes irregulares ha alcanzado cifras récord, incluyendo un aumento exponencial de menores no acompañados.
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha solicitado al Gobierno central la intervención de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para reforzar el control de fronteras, sin obtener respuesta.
La falta de acción por parte de la Delegación del Gobierno en Baleares y del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no mejora el complemento de insularidad de los empleados públicos del Estado, ni tiene la menor intención de solicitar la ayuda de Frontex para impedir la llegada de pateras, es alarmante. Su indiferencia ante las reiteradas voces de alarma de instituciones y sindicatos de funcionarios no está justificada.
El Ministerio del Interior debe actuar y adoptar medidas urgentes para mejorar la indemnización de residencia de policías y guardias civiles. Y también garantizar que las plantillas se cubren y son las idóneas para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Baleares no puede seguir siendo la gran olvidada en las políticas de seguridad y migración del Estado. Es hora de que el Gobierno actúe con responsabilidad y atienda las legítimas demandas de una sociedad que se siente abandonada.
