La petición parte de las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, que consideran que el Ejecutivo ha elaborado el proyecto de real decreto sin el consenso exigido por la normativa vigente.
La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha mostrado su preocupación por lo que considera un incumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales durante la tramitación del texto.
Según recuerda el Govern, dicha ley obligaba al Gobierno de España a aprobar, en el plazo de un año y de forma coordinada con las administraciones competentes, un reglamento específico en materia de prevención de riesgos laborales para este colectivo.
Sin embargo, las comunidades firmantes sostienen que el Ejecutivo no ha respetado ni los plazos previstos ni el principio de elaboración conjunta recogido en la norma.
CRÍTICAS AL CONTENIDO DEL BORRADOR
Los gobiernos autonómicos también cuestionan el contenido del proyecto. A su juicio, el texto no incorpora suficientemente la experiencia y el conocimiento operativo acumulado por los servicios de extinción de incendios forestales.
En este sentido, advierten de que algunas de las medidas previstas podrían generar dificultades durante la gestión de emergencias y afectar a la toma de decisiones sobre el terreno.
Asimismo, alertan de posibles problemas de seguridad jurídica para los responsables operativos y para los técnicos encargados de la prevención de riesgos laborales.
PIDEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE EXTINCIÓN
Las comunidades reclaman que el Ministerio para la Transición Ecológica incorpore al proceso de elaboración tanto a los responsables operativos de extinción como al Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF).
Según defienden, estos organismos cuentan con experiencia directa en la gestión de grandes emergencias forestales y pueden aportar criterios técnicos esenciales para mejorar el reglamento.
RECLAMAN REABRIR EL PROCESO
Por todo ello, Baleares y el resto de administraciones firmantes exigen al Gobierno que reabra el proceso de elaboración del real decreto y garantice una negociación efectiva con las comunidades autónomas.
Entre sus demandas figuran la creación de grupos de trabajo mixtos, la incorporación del conocimiento técnico y operativo de los servicios de extinción y la redacción consensuada de un texto que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
