Cada vez que aparece una nueva tecnología informática-administrativa se anuncia que la burocracia se reducirá. En los últimos meses esa expectativa se ha trasladado a la inteligencia artificial. Sistemas capaces de identificar y clasificar documentos, responder solicitudes o analizar grandes cantidades de datos, con interfaces mucho más amigables, parecen anunciar un futuro con menos trámites. Sin embargo, la experiencia histórica reciente invita a contemplar esa predicción con acentuado escepticismo.
Algo parecido se dijo hace pocas décadas cuando comenzaron a implantarse los ordenadores en oficinas y administraciones públicas. En los años ochenta se hablaba con entusiasmo de la llegada de la “oficina sin papel”. Los documentos digitales, se suponía, sustituirían los archivadores y simplificarían los procedimientos reduciendo la necesidad de personal administrativo. La realidad terminó siendo bastante distinta. Los ordenadores facilitaron enormemente la producción de documentos, informes y memorias. Pero precisamente por esa facilidad, el volumen total de documentación no sólo disminuyó, sino que se multiplicó. Hoy se producen infinidad de informes, de estadísticas y de registros de todo tipo, al tiempo que el empleo público (o semipúblico) de oficina no para de crecer.
La razón es sencilla. Cuando una tecnología hace más fácil procesar información, también hace posible crear nuevos procedimientos. Controles que antes eran demasiado costosos, análisis que antes resultaban inviables o sistemas de supervisión que requerían demasiadas horas de arduo trabajo pasan a ser factibles. Así, en lugar de desaparecer, la administrativa puede ampliarse aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas.
Este fenómeno tiene también una dimensión social que rara vez se menciona. A muchas personas, –especialmente de entre los sectores mejor posicionados de la sociedad–, les atraen los trabajos que ofrecen ciertas condiciones, tales como oficinas cómodas, entornos limpios, buena climatización, horarios previsibles y una remuneración razonablemente estable y por encima de la media. Ese perfil encaja bastante bien con muchos puestos de carácter burocrático. La administración pública ha sido, desde hace décadas, uno de los espacios donde se concentran este tipo de puestos laborales.
Además, la creación de empleo en el sector público no tiene por qué responder únicamente a criterios estrictos de eficiencia económica. Las instituciones, a través de la política, pueden encontrar su justificación en el desempeño de funciones desvinculadas de las preferencias sociales canalizadas a través de los mercados. En ese contexto, los puestos administrativos pueden convertirse en una solución relativamente cómoda para absorber laboralmente a las élites de la sociedad, quienes precisamente por su mejor posición, intentan convertir esas plazas en “puestos de mando”. “Más política y menos mercado” es ya su lema.
Si combinamos esa dinámica social con el avance tecnológico, el resultado puede ser paradójico. La inteligencia artificial permitirá automatizar muchas más tareas, clasificar expedientes, verificar datos o redactar respuestas administrativas complejas. Pero al mismo tiempo abrirá la puerta a nuevas capas de gestión, a más sistemas de control y vigilancia, a más evaluación y supervisión de procedimientos y comportamientos colectivos o personales. Una oportunidad que no volverán a desaprovechar los “buscadores de rentas”.
En otras palabras, la tecnología puede aumentar la capacidad administrativa en lugar de reducirla. Cada nueva herramienta genera nuevas posibilidades organizativas, y con ellas aparecen también nuevos protocolos, nuevas normas y nuevas obligaciones. La administración digital ya ha producido más procedimientos que la tradicional. Ha ocurrido porque simplemente ahora resulta más fácil gestionarlos. A su vez, los puestos laborales burocráticos se han hecho más atractivos para todos, pero especialmente, para las élites que buscan refugiarse de las dinámicas más simplificadoras de los mercados.
Nada de esto significa que la burocracia deba crecer inexorablemente. Por supuesto, la tecnología tiene la capacidad de simplificar normativas, revisar automáticamente la utilidad de los procedimientos o eliminar trámites que han perdido su sentido. Pero esas reformas exigen mentalidad y una estructura social más liberal y, por tanto, inclusiva. Una mentalidad que confíe más en las personas.
En conclusión, conviene no olvidar la lección que dejó la informatización de las últimas décadas. Los ordenadores no eliminaron la burocracia; más bien la ampliaron. La inteligencia artificial podría seguir el mismo camino si no se acompaña de cambios en los marcos mentales, lo cual, sin duda, no es previsible que pase a corto plazo.
La historia reciente, al fin y al cabo, muestra que las estructuras burocráticas poseen una notable capacidad de supervivencia y adaptación. Incluso —y a veces especialmente— cuando aparecen tecnologías que, en teoría, deberían hacerlas más pequeñas. De hecho, no es cuestión de tecnología, sino de mentalidad y organización social.
