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La burocracia no debe poner en riesgo el matadero de Palma

sábado 15 de febrero de 2020, 00:00h

El Ayuntamiento de Palma se ha comprometido a encontrar una solución que impida el cierre del matadero de Palma. La situación económica por la que atraviesa la instalación se debe, en su mayor parte, a las modificaciones realizadas por el propio ayuntamiento. El matadero municipal funciona mediante una concesión formalizada en 2012 con la empresa Escorxador i Serveis Càrnics Palma S.L., quien firmó un contrato de alquiler de instalaciones por un importe anual de 185.000 euros que finaliza dentro de cuatro años. Según el acuerdo, Cort ha venido abonando a la concesionaria un importe de 150.000 euros por una subvención que caducó en 2017, tras lo que las pérdidas se han ido acumulando y el riesgo de cierre se ha acentuado.

El sector ha pedido a Cort que compense la supresión de la subvención con una rebaja del alquiler por idéntico importe; una opción que, en principio, no ha sido rechazada por los responsables municipales, quienes esperan la auditoría de las cuentas de la empresa y la justificación de las pérdidas para adoptar las decisiones "idóneas" que señalaba el portavoz Alberto Jarabo esta semana a mallorcardiario.com.

El matadero de Palma absorbe el 90 por ciento de la producción cárnica de Mallorca. Su actividad es fundamental para la supervivencia de las explotaciones ganaderas de la Isla y del tejido empresarial al que contratan servicios y productos. La burocracia extrema de los despachos no puede poner en riesgo la supervivencia de esta instalación, llevando la incertidumbre a un sector -el agrícola y ganadero- que ya suma muchos agravios por parte de la administración, como está empeñado en mostrar los últimos días con movilizaciones en todo el país.

Si todo se produce como apunta el guión, Cort hará bien en arbitrar una solución justa y rápida, como ya ocurre en los mataderos de Inca, Manacor y Felanitx, que -si bien es cierto que tienen una dimensión inferior al de Palma- reciben el apoyo de sus respectivos ayuntamientos. En juego están el mantenimiento de empresas y puestos de trabajo, la preservación de un sector básico en la economía de la isla y la supervivencia de una producción local que -en la medida que los consumidores encuentren otras alternativas- corre un gran riesgo de ser sustituida por productos foráneos.


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