"Hoy Lexnet no funciona, esta mañana los letrados de Baleares que queremos acceder al canal digital, no podemos, y ayer tampoco", ha denunciado Carmen López durante la rueda de prensa convocada por el colegio con motivo del Día de la Justicia Gratuita. Lexnet es el sistema oficial de notificaciones y comunicaciones telemáticas entre los profesionales de la abogacía y los órganos judiciales, y su caída deja a los letrados sin capacidad de presentar escritos ni recibir notificaciones de los juzgados.
La vicedecana ha sido contundente sobre el alcance del problema: "Es la única vía que tenemos de comunicación con los juzgados. Esto se ha convertido en la norma, es decir, que los fallos de las plataformas sean lo habitual, no lo excepcional".
NO ES UN CASO AISLADO
La denuncia de López no es un hecho puntual. El pasado 4 de mayo, la caída de Atenea, la plataforma que da acceso a los expedientes digitales en los juzgados baleares, obligó a suspender varios juicios en la Audiencia Provincial. El magistrado Jaime Tártalo explicó entonces que no pudo completarse una conformidad con cinco acusados en la Sección Primera porque fue imposible acceder al registro de antecedentes penales.
El propio ICAIB, en un comunicado posterior, denunció que este tipo de "incidencias tecnológicas" se registran "de forma recurrente" y alertó de "problemas de interoperabilidad entre sistemas informáticos" que califica de estructurales.
DIGITALIZACIÓN SIN FUNCIONAR Y UN SISTEMA QUE SE ACUMULA POR MESES
Preguntada por la implantación general de los nuevos Tribunales de Instancia, la vicedecana ha ampliado el diagnóstico más allá de Lexnet: "¿Que el sistema organizativo pueda llegar a funcionar? Pues posiblemente funcionará, pero no desde luego en la forma en que se ha hecho". Ha denunciado que la reforma se implementó "sin ningún consenso" con jueces decanos ni funcionarios, y ha alertado de que los procedimientos civiles en Balears se están señalando ya a años vista: los desahucios superan el año de espera, los ordinarios llegan a los dos años y los penales superan también ese plazo.
"Hoy por hoy se pone un empeoramiento y un mayor atraso y colapso y vamos de mal a peor", ha resumido López, que ha insistido en que la digitalización "ha recibido una inversión inmensa" según cifras del propio Ministerio, pero que "no está funcionando".
JUECES Y FISCALES CORROBORAN LA MISMA DENUNCIA
La crítica no viene solo de la abogacía. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Baleares, Alejandro González Mariscal de Gante, denunció recientemente que los juzgados trabajan "sin ordenadores, casi sin papel", al criticar el anuncio ministerial de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales: "Anuncian esta medida que solo sirve para tapar la realidad, y es que las reformas no están funcionando".
Los datos del propio Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) respaldan la sensación de colapso: según su memoria judicial de 2025, quedaban pendientes 120.891 asuntos al cierre del año, un 8,84 por ciento más que en 2024, con incrementos del 19,8 por ciento en lo penal y del 21,2 por ciento en lo social. El propio presidente del TSJIB, Carlos Gómez, cifró en unas 200.000 las personas en Baleares a la espera de una resolución judicial.
UN FUNCIONARIADO QUE NO LLEGA A CUBRIR LAS PLAZAS
El ICAIB atribuye parte del problema a un factor propio de las islas: el elevado coste de la vivienda dificulta que lleguen funcionarios destinados a la Administración de Justicia y favorece que quienes ya trabajan aquí pidan el traslado en cuanto pueden, lo que genera "una elevada rotación, inestabilidad en las plantillas y un déficit estructural de personal".
Pese al aluvión de quejas, desde el colegio insisten en que la responsabilidad no recae en jueces, letrados de la Administración de Justicia ni funcionarios, a quienes califican de "víctimas" de un sistema al que, aseguran, le faltan los medios más básicos para funcionar.
