Nicolás Franco y el pequeño Ramón tuvieron vínculos con la masonería, pero Francisco, el segundo de cinco hermanos, fue rechazado en dos ocasiones. Por ello, quien se autoproclamó Caudillo de España, convirtió su fobia personal contra la iniciática institución, el comunismo y el judaísmo internacional en su comodín propagandístico, al que acusar de todos los males que acechaban al régimen.
Quien creyó que la alargada sombra del dictador, en el cincuentenario de su muerte, podría emplearse para seguir consolidando el poder absoluto, apoyándose en la polarización que precedió a la Guerra Civil española, ha decidido imitarle al inundar sus intervenciones y la de sus afines con referencias sistemáticas al contubernio para derrocar al gobierno, que componen otros poderes y contrapoderes. Los medios que embarran con falsedades, la policía patriótica al servicio de la nostalgia y una judicatura que no se cansan en considerarla prevaricadora; aunque ni a las fuerzas de seguridad del Estado, a ningún magistrado o periodista hayan llevado a los tribunales por esas acusaciones que nunca prueban. Su hipocresía es tan deleznable que han acusado a muchos de sus imputados de mentir, mientras trataban de boicotear cualquier actuación ajustada al estado de derecho y jamás se personaban contra los embaucadores que decían desconocer.
La respuesta oficial y publicada a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra el que fuera secretario de Organización socialista, ministro de Fomento y compañero de fatigas de P.S. ha supuesto el paradigma de la ignominia. Si apenas le conocía el presidente, se actuó “contundentemente desde el minuto uno”, la lucha contra la corrupción es prioritaria para Ferraz y José Luís Ábalos fue expulsado del PSOE hace un año, por qué no han expresado su satisfacción con la sentencia y han tratado de desviar el foco hacia otro lado.
Quien formó parte de la candidatura del PSPV al Congreso de los Diputados en siete ocasiones, una de ellas después de ser cesado como ministro (sin explicaciones) y de conocerse públicamente alguna de sus muchas ‘debilidades’, es el segundo ministro condenado por delitos cometidos en su mandato. El otro es José Barrionuevo y ambos del mismo partido. Ábalos es también el ministro con una sentencia más abultada, dejando en casi anecdóticas las que soportaron Eduardo Zaplana, Jaume Matas, Rodrigo Rato o Virgilio Zapatero. Los 24 años y 3 meses de cárcel, con los que han castigado al nuevo líder penitenciario, incluyen organización criminal, varios delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y otros de tráfico de influencias. Esa fue también la petición de la fiscalía anticorrupción, por debajo de las acusaciones particulares, y fue compartida unánimemente por los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo.
Ese baldón para una sociedad democrática ha merecido menos cuestionamiento progresista que la rebaja por colaboración “muy cualificada” con la que han reducido el castigo a Víctor de Aldama, absuelto de los delitos de inducción a la prevaricación y falsedad documental, siendo condenado por organización criminal y cohecho, delitos por los que la fiscalía sólo pedía dos años y medio más de los decididos en el veredicto. Salvando los habituales desatinos de los “Oscar”, Félix Bolaños (al parecer, ministro de Justicia) ahora ha dicho “digo donde dijo Diego” y ha olvidado su argumentario, cuando en octubre de 2024, este mismo gobierno, concedió el indulto parcial a José Luis Peñas, quien destapó la trama de corrupción del Partido Popular, por el llamado caso Gürtel. Cuando el colaborador, imprescindible para el esclarecimiento de algunos delitos y sin cuyo beneficio por levantar la alfombra dejaría impunes muchos escándalos, ayuda a inculpar al adversario es loable, pero muy cuestionable si perjudica los propios intereses.
No es la sentencia al corruptor lo mollar de este asunto, como no lo sería la prescripción de los delitos que se le atribuyen a Zapatero, sino el trasfondo ético del que tanto han presumido desde el atril del Parlamento o delante de cualquier micrófono. Con más de una docena de piezas en los tribunales de justicia y casi un centenar de imputados a los que se le podrían atribuir delitos gravísimos, algunos de ellos en los cercanías del ‘One’, es poco menos que un golpe de Estado cercenar a los ciudadanos su derecho a decidir, bajo la coartada de que la oposición no tiene suficiente respaldo para una moción de censura y los intereses espurios de algunos grupos políticos la evitan, para medrar y aprovechar la debilidad del Gobierno, aunque sepan que ya no representan la voluntad de la ciudadanía a la que se deben.
Confío en que la memoria democrática, que tanto ha reivindicado la izquierda, haga uso de la hemeroteca para no olvidar estas fechorías, porque el socialismo es una ideología tan digna como otras, pero no son tan respetables los que sólo predican, escudándose en el carné del ‘puño y la rosa’, sin hacer realidad los postulados de Pablo Iglesias.
