España vuelve a mirar a las pensiones por el camino más fácil, retrasar la edad de jubilación, endurecer la jubilación anticipada y cargar otra vez el ajuste sobre quienes llevan toda una vida trabajando.
La edad legal ya se está acercando a los 67 años. En 2026, solo podrán jubilarse a los 65 quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Quienes no lleguen a ese periodo tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. A partir de 2027, la edad ordinaria será de 67 años, salvo para quienes tengan carreras largas de cotización.
Y, aun así, ya se está planteando algo todavía más duro, trabajar hasta los 73 años. No es una ley aprobada, pero sí una propuesta que ha aparecido en el debate público a raíz de estudios sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. La idea es brutal, como cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores por jubilado, la solución sería alargar todavía más la vida laboral.
Pero la pregunta es evidente, ¿de verdad la respuesta a todos los problemas del sistema tiene que ser siempre la misma? ¿Trabajar más años, cotizar más, cobrar menos y jubilarse más tarde?
España no puede pedir a sus ciudadanos que trabajen hasta los 70 o los 73 años sin reformar antes de arriba abajo el sistema. No puede hacerlo mientras sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de la OCDE. En marzo de 2026, la propia OCDE señalaba que España y Finlandia mantenían tasas de desempleo de dos dígitos, mientras la media de la OCDE se situaba en el 5%.
Tampoco puede hacerse este debate como si los trabajadores españoles soportaran una carga baja. Según la OCDE, la cuña fiscal sobre un trabajador medio soltero en España fue del 41,4% en 2025, frente al 35,1% de media de la OCDE. Es decir, entre impuestos y cotizaciones, el coste del empleo en España ya está entre los más altos de los países desarrollados.
Por eso resulta tan injusto reducir el debate a una frase: “vivimos más, hay que trabajar más”. Esa explicación es demasiado cómoda. Hay personas que llegan a los 63, 64 o 65 años con más de 40 años cotizados, con trabajos físicos, con desgaste acumulado y con una vida entera aportando al sistema. A esas personas no se les puede tratar como si fueran un problema contable.
El sistema de pensiones necesita reformas, sí. Pero una reforma seria no puede consistir únicamente en retrasar la jubilación y penalizar a quienes se van antes. Hay que hablar de productividad, de empleo real, de salarios netos, de paro estructural, de natalidad, de inmigración laboral efectiva, de gastos impropios y de la separación clara entre pensiones contributivas y prestaciones asistenciales.
orque no es lo mismo una pensión ganada después de 40 años cotizando que una prestación asistencial financiada por el Estado. Una cosa es la pensión contributiva de quien ha trabajado y aportado durante décadas, y otra distinta son ayudas como el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones no contributivas u otras prestaciones sociales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.
Todas esas ayudas pueden ser necesarias en determinados casos. Un país serio debe proteger a quien no puede valerse por sí mismo o atraviesa una situación de necesidad real. Pero eso no significa que deban mezclarse con las pensiones contributivas ni presentarse como si todo fuera lo mismo.
El sistema debe ser solidario, pero también justo. Y la justicia empieza por distinguir entre quien cobra una pensión porque la ha generado con años de trabajo y quien recibe una ayuda porque el Estado decide proteger una situación de necesidad. Ambas cosas pueden convivir, pero no deben confundirse ni financiarse de forma opaca.
La sostenibilidad del sistema no puede convertirse en una excusa elegante para exigir siempre más sacrificios a los mismos.
Antes de hablar de jubilarse a los 73 años, el Estado debe explicar qué reformas va a hacer para crear empleo estable, reducir el paro, mejorar la productividad, ordenar el gasto y premiar a quienes han cotizado toda una vida.
Porque si la única solución es trabajar más, pagar más y jubilarse peor, entonces no estamos ante una reforma de las pensiones. Estamos ante un fracaso político disfrazado de responsabilidad económica.
