Hay carreteras que cuentan historias. La Ma-10, que serpentea a lo largo de la Serra de Tramuntana desde Andratx hasta Pollença, lleva años contando la misma: la de un territorio privilegiado, Patrimonio Mundial de la UNESCO, sometido a una presión que supera con creces su capacidad de absorción.
Cada temporada alta, y especialmente en los meses de primavera, la convivencia en sus carreteras vuelve a tensarse. Un vídeo difundido en redes es un ejemplo de la desesperación de varios conductores ante la alta afluencia de bicicletas en la vía que conduce a Banyalbufar. "Normalmente son 40 minutos de camino, ayer 1 hora y 30 minutos", lamentaba una conductora. No era un caso aislado. Era el resumen de un problema estructural.
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La Serra no sufre solo un conflicto, sino tres: el de los ciclistas y el tráfico rodado, el del ruido y las carreras ilegales, y el del transporte profesional atrapado en carreteras estrechas. Todos comparten escenario. Ninguno tiene solución sencilla.
AVALANCHA CICLISTA
Los ciclistas se han convertido en uno de los grandes elementos de polémica en la Serra. No tanto por su simple presencia sino por la intensidad con la que ocupan una calzada estrecha, sinuosa y sin arcenes en determinados tramos.
La carretera de sa Calobra se ha convertido en el epicentro del conflicto. Un trazado espectacular que cada mañana de primavera se transforma en un tablero de ajedrez donde conviven autobuses, coches de alquiler y pelotones de ciclistas. Otros puntos críticos son el mirador de Formentor, en Pollença, y sa Foradada, en Deià.
Desde el lado ciclista, la lectura es diferente. Algunos han reclamado la retirada de los autobuses de gran capacidad de estas vías, argumentando que los vehículos de 50 plazas invaden el carril contrario en curvas sin visibilidad. El debate está servido, y ninguna de las dos partes cede terreno con facilidad.
TRANSPORTISTAS EN PIE DE GUERRA
El malestar no es solo de los conductores particulares. La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha dado un paso formal y ha iniciado contactos con las administraciones para buscar soluciones concretas.
Su presidente, Rafael Roig, ha asegurado que los conductores profesionales detectan a diario maniobras y conductas que dificultan la circulación y generan situaciones de riesgo. La patronal ha solicitado reuniones con la Jefatura Provincial de Tráfico y con el Consell de Mallorca para trasladar la problemática y articular una respuesta coordinada.
Los puntos más conflictivos son siempre los mismos: sa Calobra, Sóller, Lluc, Pollença y Formentor. Rutas con trazado sinuoso, calzada estrecha y visibilidad reducida, frecuentadas simultáneamente por grupos ciclistas y autobuses de turismo cargados de pasajeros.
El sector del transporte no pide eliminar a los ciclistas. Pide orden, coordinación y vías con capacidad real para todos los usos. Una petición razonable en el papel, pero enormemente compleja cuando la infraestructura existente no da margen.
EL RUIDO: LA OTRA HERIDA ABIERTA
Junto al conflicto ciclista existe otro frente, igual de hiriente para quienes viven en los pueblos de la Serra: el ruido. Motos trucadas, carreras ilegales y conducción temeraria, especialmente en fines de semana, han convertido en un calvario la vida de vecinos organizados en plataformas como Indignats Ma-10.
En una zona declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, el estruendo de motores se vive como una agresión directa al paisaje, a la calidad de vida y a la razón de ser de esos pueblos. La queja vecinal acumula años de reuniones con alcaldes y denuncias sin respuesta visible. Las administraciones han escuchado esa demanda y han empezado a actuar.
CÁMARAS Y SONÓMETROS
La respuesta institucional más ambiciosa hasta la fecha llegó en octubre de 2025. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, aprobó en el Consell Executiu un plan de vigilancia específico para la Serra de Tramuntana que contempla la instalación de 64 cámaras y 20 sonómetros distribuidos en 32 puntos de control, con una inversión de 1,2 millones de euros.
El despliegue incluye 105 dispositivos de control de velocidad con contador de vehículos, 105 equipos de videovigilancia y los 20 sonómetros que medirán los niveles de ruido en tiempo real. La mayoría de las instalaciones se concentrarán en la Ma-10 y su entorno, precisamente los tramos que más quejas acumulaban.
La medida responde a una demanda reiterada de los ayuntamientos de la zona, y ha sido ampliada a petición del Govern Balear, la Guardia Civil y diversos municipios. El sistema, una vez operativo, permitirá conocer con precisión la presión real del tráfico en cada tramo y facilitará la planificación de actuaciones para aliviar los puntos críticos.
Un aspecto clave del funcionamiento es la coordinación interadministrativa: el Consell gestionará los datos y cederá las imágenes a la DGT, que es la administración con competencia sancionadora. Las infracciones captadas por las cámaras podrán traducirse en multas reales una vez el sistema esté homologado. El calendario prevé que el despliegue en la Serra esté completamente operativo antes de que finalice 2026.
LA GUARDIA CIVIL INTENSIFICA LA VIGILANCIA A MOTORISTAS
Al plan de cámaras se suma ahora una actuación policial directa. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares ha activado este mes de mayo un Plan de Intensificación sobre el colectivo motorista, con el objetivo de frenar el aumento de la siniestralidad vial ante la llegada del buen tiempo.
La campaña llega en un momento especialmente sensible. En los últimos años, la presencia de motos y ciclomotores ha crecido a un ritmo notablemente superior al del resto del parque automovilístico balear. Ese incremento ha venido acompañado de un repunte preocupante en la siniestralidad, con una implicación directa de motocicletas en un alto porcentaje de los siniestros con heridos graves y muy graves.
UN PROBLEMA ACUMULATIVO
La Serra de Tramuntana no tiene un problema nuevo. Tiene un problema viejo al que cada año se añade una capa más. El auge del cicloturismo internacional, la masificación turística, el aumento del parque de vehículos de alquiler y la falta de alternativas de movilidad han convertido sus carreteras en un espacio de fricción permanente.
Las administraciones han asumido ese diagnóstico y han puesto en marcha herramientas concretas: cámaras, sonómetros, coordinación entre instituciones y presencia policial reforzada. El reto ahora es que esas medidas lleguen a tiempo, se consoliden y tengan el efecto disuasorio que los vecinos llevan años reclamando.
La carretera de la Serra ya no es solo una vía de paso. Es un espacio en disputa entre el turismo deportivo, la movilidad de los residentes y el transporte profesional. Un espacio, también, que las instituciones se han comprometido a ordenar.
