Caso ORA: Una chapuza judicial que acaba tres años después

El caso ORA tiene los días contados. La Fiscalía Anticorrupción, única acusación que quedaba hasta ahora, ha decidido archivar esta pieza separada del caso de supuesta corrupción policial en Palma. La investigación, instruida por juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, implicaba al ex edil y ex diputado del PP, Álvaro Gijón, al también popular José María Rodríguez y al empresario Toni Roig. Los tres fueron imputados después de que un testigo protegido, al que quisieron dar credibilidad los instructores, les hubiera acusado de haber cobrado 2,5 millones de euros por beneficiar a Roig en la concesión del contrato de la ORA en la capital.

Tres años después, la investigación concluye por falta de pruebas y se da carpetazo a uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos en Mallorca. La causa no se sostiene al no existir indicios de amaños ni de sobornos.

Uno de los encausados que más presión judicial recibió durante la investigación fue el exdiputado Álvaro Gijón. El juez ordenó el arresto de varios familiares así como el registro de sus domicilios. Transcurrido el tiempo y como consecuencia de una contrainvestigación policial, de esa operación llegaron a trascender datos tan vergonzantes como los mensajes entre instructores y policías burlándose de los padres de Gijón, alentando a detenciones "que hicieran daño" y preguntando sarcásticamente en el chat si la madre estaba llorando. Todo parecía valer para conseguir testimonios incriminatorios.

Hace tres meses y en una red social, el propio Roig -que llegó a ingresar en prisión preventiva una larga temporada- declaró haber sido sometido a todo tipo de presiones y amenazas para que delatase al entonces concejal Álvaro Gijón, hecho que nunca hizo "porque no había nada que vender".

El caso -desacreditado en el momento que aparecieron los whastapps del equipo investigador- llega a su fin convertido en un ejemplo de cómo no se debe llevar a cabo una investigación judicial y se suma a otros fiascos protagonizados por los mismos instructores. En conjunto, la chapuza sonroja y los protagonistas que la pusieron en marcha dejan a la justicia española en una situación que -especialmente en momentos como el actual- no nos podemos permitir.

La propia investigación derivó en un cúmulo de irregularidades jurídicas y procesales que, transcurridos tres años, desembocan en el final de la causa. Y si es verdad que el caso se cierra, no es menos cierto que el desenlace hace imposible el restablecimiento de la reputación y las carreras de los imputados, que quedaron seriamente dañadas.