El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado un auto en el que se declara incompetente para resolver sobre la petición de reducción, a 449.500 euros, de la fianza civil de 2,7 millones que pesa sobre la Infanta Cristina, de modo que sea la Audiencia Provincial de Balears la que decida al respecto.
La defensa de la la hermana del Rey Felipe VI cursó esta solicitud al considerar "manifiestamente injustificada" la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que, "en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle". La Fiscalía Anticorrupción se adhirió a su petición.
