El Consell de Mallorca ha aprobado la ampliación de su convocatoria de cooperación técnica urbanística, lo que permitirá a unos 30 municipios de la isla acceder a ayuda técnica y económica para actualizar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU), muchos de ellos vigentes desde hace más de dos décadas.
Hasta ahora, solo podían acogerse a esta línea de colaboración los pueblos de menos de 5.000 habitantes, pero la nueva convocatoria eleva el umbral a los 10.000, permitiendo que municipios como Bunyola, Lloseta, Porreres, Sant Llorenç o Algaida —con planeamientos desfasados o anteriores a 2005— puedan optar a este apoyo.
El objetivo, según ha explicado el Consell en un comunicado, es aliviar a los ayuntamientos que carecen de medios técnicos propios para afrontar la redacción de nuevos planeamientos, considerados documentos complejos y de gran impacto para el futuro urbanístico de los pueblos.
DOS CONVOCATORIAS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS
La iniciativa se articula en dos líneas principales, una para municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes con planes de entre 15 y 20 años de antigüedad y que hayan registrado un aumento de población del 15 por ciento en los últimos cinco años; y otra dirigida a municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes cuyos planes urbanísticos sean anteriores a 2005.
Los ayuntamientos interesados de los 30 municipios de Mallorca afectados podrán presentar sus solicitudes a partir de la próxima semana, una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
DEL CASO DE ESTELLENCS AL SALTO DE ESCALA
En la primera edición de esta cooperación, se acogieron pequeños municipios como Estellencs, que tendrá por primera vez en su historia un plan general urbanístico. También se beneficiaron pueblos como Selva, Maria de la Salut, Ariany y Lloret, todos ellos con los planeamientos ya en fase de redacción.
Para esta nueva etapa, con el umbral ampliado, se suman localidades de mayor tamaño que llevan años operando con normativas urbanísticas completamente obsoletas. El caso más evidente es el de Bunyola, cuyo plan vigente data de 1978.
