Que un servicio público funcione mal y acabe perjudicando seriamente al administrado sin que ningún responsable político sea capaz de asumir responsabilidades solo puede pasar en España y, más en concreto, en Palma. Es el caso de las multas no notificadas a miles de ciudadanos de Ciutat a través de la empresa valenciana CI Postal, a quien Cort adjudicó en su día el servicio de comunicación de estas denuncias. La realidad es que muchas de esas notificaciones nunca llegaron a sus destinatarios, con el consecuente perjuicio para estos y las consecuencias administrativas por el no pago de las mismas.
El responsable político de tal chapuza es el podemita Alberto Jarabo, que sigue en su cargo de regidor municipal sustancialmente remunerado cada mes mientras a alguno de los damnificados por su ‘formidable’ gestión les han embargado la nómina para cobrarse el importe de las multas que nunca les notificaron. Es un tópico, pero si el responsable político de esta jugada hubiera sido alguien del PP, por ejemplo, hubiera caído sobre él una campaña de desprestigio y mobbing político imposible de aguantar. Pero Jarabo no se da por aludido, su partido, o lo que queda de él, no se ruboriza y su socio mayoritario, el PSIB, no tiene la capacidad de forzar dimisiones en aquellas áreas que no gestiona.
Mientras, varios centenares de ciudadanos se enfrentan al contratiempo de tener que pagar importantes cantidades por el imparto y el recargo de unas multas que nunca les fueron notificadas, porque la empresa premiada en su día con el servicio de reparto por el Ayuntamiento no cumplió con su deber y dejó sin entregar ese correo postal. Alguien debería investigar por qué y cómo esa empresa valenciana logró hacerse con el concurso y si alguien se ha beneficiado de tamaña chapuza. Porque, de hecho, el Consistorio llegó a aprobar, en el pleno municipal celebrado el pasado 18 de octubre, el pago de 100.000 euros a esta empresa valenciana, después de que el caso ya hubiera saltado a los medios.
«Hay muy pocas multas que estén afectadas por la falta de notificación», explicó en su día Alberto Jarabo, teniente de alcalde de Justícia Social, Feminismes i LGTBIQ+ del Ayuntamiento. La realidad es que CI Postal ganó el concurso del Ajuntament de Palma para el reparto de notificaciones con una bajada del 45 por ciento respecto a la oferta inicial, frente al 25 por ciento de descuento que ofrecía Correos, lo que no se consideró una baja temeraria. En la actualidad, Cort ha contratado de manera provisional a Correos para realizar el servicio mientras se prepara el pliego de condiciones para hacer una nueva licitación. Es un ejemplo más de cómo se gestionan nuestros impuestos y cómo los políticos hacen y deshacen sin importarles las consecuencias, ni la calidad del servicio.
Si se tratara de una empresa privada, el responsable de esta operación estaría apartado provisionalmente del departamento o en la calle. Como mínimo, habría recibido un buen rapapolvo de su superior. A Jarabo nadie le ha reprochado nada, y él tampoco se siente cuestionado. Continúa cabalgando a lomos de la superioridad ética y moral con la que la formación morada engañó a muchos ciudadanos en 2015, restándolo importancia al asunto. Los damnificados por la deficiente gestión del regidor podemita y del Ayuntamiento en general tendrán que gastarse el dinero ahora en abogados para defenderse y reclamar lo que parece justo: que se anulen los procesos administrativos de unas multas que el destinatario nunca recibió, por lo que no pudo tener el derecho a recurrirlas o pagarlas en plazo abreviado. Con ejemplos como éste no es difícil entender por qué cada vez existe más desapego entre nuestros políticos y la calle.
