El actual anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas, hoy en fase de exposición pública, no es una iniciativa aislada. Responde directamente a las exigencias de la Unión Europea, que ha instado a España a armonizar el régimen de concesiones en el litoral con los principios comunitarios. El objetivo central es ajustar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) destinada a actividades económicas.
El impacto de esta reforma será especialmente sensible en Baleares, donde la actividad económica está íntimamente ligada al mar. Sin embargo, la norma se centra en el DPMT no integrado en puertos, abarcando playas y riberas de mar. Esto incluye directamente a: Chiringuitos, Balnearios y beach clubs, Escuelas náuticas situadas fuera de recintos portuarios, Instalaciones de temporada y equipamientos turísticos o recreativos.
La reforma no modifica el régimen de los puertos de interés general ni la legislación específica que rige las concesiones portuarias estatales, las cuales mantienen su propia normativa jurídica.
Uno de los puntos críticos reside en las concesiones otorgadas por administraciones autonómicas. El anteproyecto exige que los procedimientos para actividades económicas en el DPMT sean compatibles con los principios europeos
Dada la complejidad del litoral balear, la aplicación de este reglamento no puede ser genérica; requerirá un análisis técnico y caso por caso. La seguridad jurídica dependerá de una delimitación precisa del espacio —ya sea puerto estatal, autonómico o DPMT común— y de una coordinación administrativa eficiente que proteja la inversión y el empleo que el mar genera en las islas.
Bartomeu Bestard, abogado y economista. CEO de Alcudiamar
