Como ha detallado la entidad, esta nueva normativa permitirá que los clubes náuticos de competencia autonómica puedan ser considerados entidades de utilidad pública por el Govern y optar en el futuro a adjudicaciones directas de concesiones portuarias.
Además, la ley fija en 50 años el plazo máximo de las concesiones y contempla prórrogas teniendo en cuenta la función social de estas entidades.
El presidente de la asociación, Toni Estades, ha asegurado este jueves que la reforma supone “un hito” que responde a una reivindicación histórica del sector, a la vez que ha destacado el respaldo de distintos grupos parlamentarios durante el debate.
Según Estades, el nuevo marco legal contribuirá a garantizar el futuro del deporte náutico federado y el acceso al mar de los residentes en el archipiélago.
Esta ley no afecta a las instalaciones gestionadas por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), como ha recordado la entidad, que también ha aplaudido las recientes licitaciones impulsadas por este organismo, que priorizan proyectos deportivos y formativos frente a criterios económicos.
ESTABILIDAD JURÍDICA
Por su parte, el sector náutico vinculado a la patronal Caeb ha remarcado que la modificación de esta normativa aporta estabilidad jurídica y permitirá acometer inversiones orientadas a mejorar servicios, reforzar la sostenibilidad de las instalaciones y preservar la función social y deportiva de la náutica.
El sector ha reclamado que tanto Ports IB como la APB apliquen la norma conforme a su finalidad, con el fin de favorecer prórrogas concesionales cuando existan compromisos de inversión y continuidad de los servicios.
