El Govern de Baleares ha anunciado este martes que recurrirá el Real Decreto aprobado hoy mismo por el Consejo de Ministros que eleva de 406 a 434 las plazas de referencia para el sistema de protección de menores migrantes no acompañados en el archipiélago. El Ejecutivo autonómico considera que la medida no responde a la realidad que viven las islas y la califica de "nueva imposición" del Gobierno central.
El dato que el Govern pone sobre la mesa es contundente: Baleares tutela actualmente a 795 menores, una cifra que prácticamente duplica la capacidad ordinaria que el propio Estado le asigna. Lejos de aliviar esa presión, el decreto aprobado hoy la incrementa, aunque sea en apenas 28 plazas adicionales. Para el Ejecutivo autonómico, el problema no es el número concreto sino el mensaje que transmite: más obligaciones para un sistema que ya funciona al límite.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha sido tajante. "Nuestros servicios de protección están completamente desbordados y, en lugar de aliviar esta presión, el Estado decide aumentar una capacidad que ya considerábamos excesiva y que no responde a la realidad que vivimos cada día." Fernández ha lamentado que el Gobierno "vuelva a adoptar una decisión de espaldas a la realidad que viven los territorios que están en primera línea de la presión migratoria."
UN PULSO QUE YA VENÍA DE ANTES
El Govern no llega a esta situación por sorpresa. Durante la tramitación del decreto, el Ejecutivo autonómico ya mostró su rechazo expreso al incremento de capacidad y trasladó su posición al Estado. La respuesta fue ignorarla. Ahora, la vía judicial se convierte en el siguiente paso.
El Ejecutivo también ha recordado que, durante su visita oficial a Baleares, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que "no tenía sentido" continuar derivando menores procedentes de otras comunidades autónomas a un territorio que ya registra llegadas propias y cuyo sistema de acogida se encuentra tensionado. Una declaración que, a ojos del Govern, contrasta con la decisión adoptada hoy en el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo balear reitera que cualquier criterio de reparto de menores migrantes debe tener en cuenta la capacidad real de los sistemas de protección y la presión migratoria específica de cada territorio, y mantiene su rechazo a asumir nuevas obligaciones mientras sus recursos "continúan completamente tensionados".
