El comercio alerta sobre el grave impacto que supone la reducción de jornada

Las principales patronales de Baleares, AFEDECO, PIMECO y CBC, han presentado alegaciones al proyecto de ley que regula la reducción de jornada, desconexión digital y registro obligatorio. Advierten que, sin ajustes, las medidas pueden poner en riesgo miles de negocios y empleos.

Las patronales mayoritarias del comercio en Baleares, AFEDECO, PIMECO y la Federación Balear de Comercio (CBC), han respondido al Proyecto de Ley promovido por el Ministerio de Trabajo con un pliego de alegaciones en el que expresan su preocupación por el impacto que las nuevas regulaciones podrían tener en los pequeños comercios, un sector clave en la economía local. Según Joana Manresa, presidenta de AFEDECO, aunque las intenciones de la ley son positivas, “su aplicación actual puede comprometer la sostenibilidad de muchos negocios en las islas”.

Entre las preocupaciones planteadas destaca la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. “Esta medida resulta inviable para pequeños comercios, donde las plantillas son reducidas y los márgenes, estrechos” explican. Las patronales proponen un enfoque escalonado, que contemple periodos de adaptación más largos y excepciones temporales para sectores con alta estacionalidad, como el comercio de proximidad. "Los pequeños negocios no pueden asumir el incremento de costes operativos que implicaría esta medida sin apoyo o flexibilidad", ha expresado Manresa.

El derecho a la desconexión digital, aunque pensado para mejorar la conciliación laboral, plantea desafíos específicos para los microcomercios. En estos negocios, propietarios y empleados suelen asumir múltiples roles, incluso fuera del horario laboral. Por ello, las patronales solicitan “flexibilizar la norma para situaciones críticas y compensar a los trabajadores que deban atender estas demandas”.

La obligatoriedad de implementar sistemas digitales de registro también representa “una carga económica considerable para los pequeños negocios”. Las sanciones, que pueden llegar hasta los 10.000 euros, son consideradas desproporcionadas. Las patronales proponen alternativas como permitir registros manuales o en formatos básicos y modular las sanciones según la capacidad económica de cada empresa.

AFEDECO, PIMECO y CBC instan al Ministerio de Trabajo a considerar estas alegaciones para garantizar una implementación justa y equilibrada de la ley. Subrayan que estas propuestas no buscan frenar los avances en derechos laborales, sino adaptarlos a la realidad operativa de un sector esencial para la economía balear y nacional. "Proteger la sostenibilidad y competitividad de los pequeños comercios es clave para preservar los empleos que dependen de ellos", ha concluido Manresa.