Si quien lee estas líneas cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, o como decía Churchill, “el menos malo de los sistemas políticos”, estará preocupado ante el golpe de Estado que ha iniciado formalmente el separatismo catalán por la amenaza que supone para nuestra democracia. Estamos ante un golpe a la nación. A nuestra soberanía, de la que emanan todos los poderes del Estado, fundamento de nuestro ordenamiento democrático-constitucional. Un ordenamiento que, incluso, permite modificar nuestra Ley de Leyes a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución de 1978. Al igual que prevé mecanismos de defensa de la nación y la democracia ante situaciones de rebelión o sedición. Delitos en los que pueden estar incurriendo los que pretenden llevar a cabo sus planteamientos separatistas al margen de la ley. Porque sin ley no hay democracia.
La comunidad autónoma de Cataluña está declarando la independencia, a plazos, pero ya ha empezado formalmente a hacerlo. Por tanto se van a cometer los siguientes delitos (algunos, bajo mi punto de vista, ya se habrían cometido): Sedición (Art. 544 y ss.), rebelión (Art. 472 y ss.) y desobediencia (Art. 556) respecto de la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente en España.
Por ello, deben darse instrucciones urgentes a la Fiscalía y a la Abogacía de Estado para que presenten querellas criminales y procesen a los provocadores, conspiradores y proponentes de la ruptura de nuestro marco institucional basado en la Constitución Española de 1978 que permite nuestra convivencia pacífica.
Tras el reiterado incumplimiento de la legalidad vigente, constitucional, por parte de la Generalidad de Cataluña en los últimos años, unido ahora a la gravedad penal del acuerdo para declarar unilateralmente la independencia de esta comunidad, entiendo que no basta con presentar las querellas criminales sino que, también, el Gobierno, de forma complementaria, debe aplicar de modo inmediato la herramienta de control, y protección democrática, que contempla la Constitución en su artículo 155:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Apuntar que al no coincidir las elecciones generales con las autonómicas catalanas, enésimo error de Rajoy, nos encontramos en estos momentos con el Senado disuelto. Por lo que, no es la circunstancia ideal, pero habría que acudir a la Diputación Permanente del mismo.
Si sigue sin actuarse la Generalidad de Cataluña declarará unilateralmente la independencia. El Gobierno de España tendrá entonces dos opciones: Enfrentarse a los ciudadanos españoles por no aplicar el ordenamiento jurídico vigente, o decidirse a utilizar todos los recursos democráticos para restituir el marco institucional, de un modo similar a como afrontó el desafío separatista el gobierno de la Segunda República el 6 de octubre de 1934.
Una vez aplicada la ley y protegida la democracia deberíamos iniciar, desde la sociedad civil y desde las instituciones del Estado, la reconstrucción de la ruptura ocasionada por el nacionalismo.
Hemos llegado a esta situación crítica para nuestro país porque durante los últimos 35 años los sucesivos gobiernos de la nación han cometido los mismos errores que propiciaron que el separatismo pusiera contra las cuerdas el marco institucional de España durante la Segunda República. Hagamos memoria histórica y evitemos males mayores. Porque la sombra alargada del corrupto delirio separatista nos afecta a todos los españoles, y, especialmente, a los ciudadanos de Baleares, si atendemos las declaraciones de miembros del gobierno autonómico favorables a nuestra inclusión en eso que los golpistas llaman “paisos catalans”.
