La democracia española tiene carencias por doquier. Y, peor, nadie está haciendo nada para abordar esos problemas. La sumisión de todos los poderes (incluido el cuarto) al Ejecutivo, el control general que los partidos políticos están imponiendo en más y más niveles sociales, la impotencia de los ciudadanos para poder influir en quién sale elegido (listas abiertas), son algunos de los males denunciados repetidamente. A esto hemos de sumar la catastrófica situación del país, derivada en parte de la existencia de gobiernos nacidos más para atender compromisos internos de los partidos políticos que no las demandas sociales. Todo esto, por supuesto, justifica que se ponga en marcha una revisión de mecanismos para profundizar en la democracia, para que sea más fácil que las inquietudes ciudadanas emerjan y se traduzcan en decisiones políticas. Pero, a mí me da que esto, que sí se pregona y ventila con movimientos como el que estamos viviendo en Madrid, no se resuelve con posturas confusas, oportunistas, tumultuarias e improvisadas. Incluso, aunque estas personas expresaran su postura de forma comprensible, ¿por qué han de ser más escuchados que los que acudimos a las urnas y votamos? ¿O, incluso, que los que no votáramos? ¿Es que el mecanismo de expresión en España son las acampadas? ¿Quién legitima a estas personas? ¿Cómo lo medimos? ¿Quién lo determina?
