Condenado a dos años de prisión al exrector de Can Picafort por abusar sexualmente de una menor. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), las magistradas también han dictado una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cinco años y medio.
La Audiencia de Palma también le ha impuesto el pago de una indemnización de 15.000 euros y ha condenado a la Diócesis de Mallorca como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia del párroco.
El tribunal ha considerado que existe suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia y que la declaración de la víctima goza de toda verosimilitud.
"Los hechos declarados probados -ocurridos entre 2007 y 2008- no ofrecen dudas en cuanto a su naturaleza inequívocamente sexual, pues así se desprende de la propia acción consistente en tocamientos por debajo de la ropa interior" que el acusado realizó a la menor durante una clase de catequesis, reza la sentencia.
"POSICIÓN DE SUPERIORIDAD"
Tampoco existen dudas acerca la "ausencia de consentimiento" de la víctima debido su corta edad, dado que tenía entonces entre seis y siete años, ni de la "posición de superioridad" en la que se encontraba el exrector de Can Picafort, localidad ubicada en el municipio mallorquín de Santa Margalida.
"El párroco aprovechó que existía una madera delante de la mesa que impedía que el resto de los niños vieran lo que estaba pasando y las dimensiones de la sala para que los niños estuvieran lejos de la mencionada mesa y así no pudieran percatarse de lo que sucedía", relatan las juezas para determinar que la menor fue una víctima "especialmente vulnerable" tanto por la edad como por la situación en la que sucedieron los hechos.
El tribunal, no obstante, no ha encontrado pruebas suficientes como para probar que los tocamientos a los que el expárroco incluyeron penetración. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJIB.
EL JUICIO
El juicio por estos hechos, ocurridos entre 2007 y 2008 en la parroquia Asunción de María, se celebró a finales del pasado mes de junio.
La Fiscalía reclamaba para Barceló una condena de diez años, que finalmente se ha visto muy reducida al aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. También pedía una indemnización de 40.000 euros y una orden de alejamiento por 20 años.
Durante la vista oral la víctima aseguró que mientras el acusado pasaba lista al resto de sus compañeros ella estaba sentada sobre sus rodillas, momento que aprovechó para tocarle por debajo de la camiseta, de los pantalones y de la ropa interior en repetidas ocasiones.
El exrector de Can Picafort, por su parte, negó las acusaciones y aseguró de forma reiterada que en 15 años ni un niño se acercó a su mesa y calificó parte de la versión de la denunciante como "el invento del siglo".
LA SEGUNDA CONDENA POR ABUSOS
Barceló fue condenado en 2016 a seis años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual. Confesó haber abusado sexualmente y de forma reiterada, entre 1997 y 1998, de una monaguilla que entonces tenía diez años.
El sacerdote había sido destinado en junio de 1996 a ejercer su ministerio como párroco de la Iglesia de la Asunción de María. En el primer juicio, reconoció que a principios de 1997 entabló relación con la víctima al acudir ésta a la catequesis de forma regular.
La joven relató ante el tribunal su experiencia entre lágrimas y, visiblemente afectada, recordó cómo fue violada en más de diez ocasiones mientras le tapaba la boca y la sujetaba fuertemente para que no pudiera moverse ni escapar.
No fue hasta el 27 de noviembre de 2012 cuando la joven, ya mayor de edad, denunció los hechos ante la Guardia Civil de Santa Margalida: "Lo solté porque ya no podía más", explicó.
En el juicio el acusado aseguró sentirse "totalmente arrepentido" y aceptó la pena de seis años de cárcel, frente a los 42 años de prisión que solicitaba la Fiscalía inicialmente para él. Durante el juicio, el inculpado manifestó que "uno debe ser algo mejor" y deseó "lo mejor a ella y a su familia".
APARTADO DEL SACERDOCIO
En marzo de 2011, el Obispado de Mallorca suspendió cautelarmente a Barceló después de que conociera el caso.
La Iglesia, que indemnizó a la víctima antes del juicio, impulsó un procedimiento canónico paralelo que concluyó antes que la vía penal y desembocó en la máxima pena canónica, la expulsión del estado clerical.
