El Tribunal Supremo ha puesto el punto final al recorrido judicial de Aurora Jhardi. La que fuera regidora de Función Pública y Gobierno Interior en el Ayuntamiento de Palma por Podemos cumplirá nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, después de que el alto tribunal haya confirmado la sentencia dictada inicialmente por la Audiencia Provincial de Baleares y ratificada más tarde por el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB).
La condena se refiere a la decisión que Jhardi adoptó en marzo de 2017, cuando revocó sin justificación las licencias de publicidad dinámica —los conocidos tiqueteros— a varios locales del Grupo Cursach. Según la sentencia, la exregidora firmó el decreto “a sabiendas de que carecía de justificación legal” y de que esa revocación perjudicaba directamente a los negocios del grupo. La resolución subraya además que la medida se tomó “sin respeto al procedimiento administrativo”, vulnerando los principios básicos de legalidad.
En su día, la defensa de Jhardi anunció que recurriría el fallo, pero el Supremo ha cerrado definitivamente la vía judicial al confirmar la inhabilitación impuesta.
La licencia que originó el conflicto había sido tramitada por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y Similares, entidad que actuaba como concesionaria y mediadora del permiso sectorial. Pese a ello, Jhardi decidió revocar la autorización de forma unilateral, alegando que los locales del Grupo Cursach habían incurrido en “reiterados incumplimientos durante la temporada turística”.
La Audiencia, sin embargo, no dio por válida esa explicación. Los magistrados concluyeron que la entonces regidora actuó de manera arbitraria y contraria a derecho, vulnerando los procedimientos exigidos por la administración.
