Este dinero se ha transferido de una fianza que el empresario tenía embargada de la indemnización que le corresponde por la desclasificación del terreno donde iba a levantar una urbanización en el puerto de Sóller, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.
El abono de este importe se hace sobre una parte de la deuda reconocida --habría otra cuantía en disputa en los tribunales-- y no implica el reconocimiento de los posibles delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible por los que le investiga un juzgado de Palma, al que acudió el pasado mes de octubre y donde se acogió a su derecho de no declarar.
Kühn, sus hijos y otros empresarios están siendo investigados a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la recalificación de Muleta II, por la que recibieron una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de unos terrenos.
