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Congelación de las plazas vacacionales durante cuatro años
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Congelación de las plazas vacacionales durante cuatro años

Por Redacción
domingo 26 de marzo de 2023, 15:10h

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Baleares impulsará la configuración de un destino vacacional que sea capaz de compaginar las expectativas y los intereses de residentes y turistas. Sobre este criterio pivota uno de los ejes de la Ley turística impulsada desde el Govern: la sostenibilidad territorial. A este respecto, una de las medidas más sobresalientes es el bloqueo del crecimiento de las plazas turísticas en todas las islas a lo largo de cuatro años, tanto en el ámbito del alquiler vacacional como en cualquier otro tipo de oferta de alojamiento.

Una vez transcurrido este plazo, los consells insulares evaluarán la necesidad de que esta restricción se mantenga durante un margen más extenso de tiempo, siempre en función de los avances que se hayan logrado en Baleares respecto a la gestión de desechos y el control de las emisiones de efecto invernadero, a partir de los valores marcados en las leyes de cambio climático y de residuos.

BOLSA DE PLAZAS TURÍSTICAS

Esta planificación implica que, con arreglo a la nueva Ley turística, cada vez que una plaza de alojamiento sea dada de baja pasará a formar parte de una bolsa, pero sin contemplarse la posibilidad de que pueda incorporarse a la oferta activa. De esta manera, se garantizará una reducción 'de facto' y gradual de las plazas turísticas.

Junto a este eje sobre sostenibilidad territorial, el texto normativo contempla otros tres pilares neurálgicos: la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental y la modernización y simplificación administrativa.

CALIDAD DEL SERVICIO FRENTE A LA CANTIDAD DE PERNOCTACIONES

Respecto a este cuarto y último eje, cabe destacar que su principal finalidad consiste en actualizar los criterios orientados a conseguir un sector hotelero más competitivo que apueste de una manera clara por la calidad del servicio y no por la cantidad de pernoctaciones.

Con arreglo a este nuevo contexto, los estándares de las categorías más bajas tenderán a una modificación al alza, mientras que, al mismo tiempo, se modernizarán las exigencias de valoración.

En este sentido, los criterios para la concesión del nivel de calidad de los establecimientos que están relacionados con los televisores asignados a las habitaciones, incluyen, a partir de ahora, aspectos como el acceso a formato digital y la disponibilidad de altavoces sin cables.

ELIMINACIÓN DE LOS CRITERIOS OBSOLETOS

Al mismo tiempo, requisitos que, con el paso del tiempo, han ido quedando obsoletos, han sido eliminados en la nueva Ley turística. Este es el caso de la habilitación de un teléfono supletorio y un taburete en el cuarto de baño; la presencia de un despertador en la habitación, o la activación de un servicio de fax en el área de recepción.

En este nuevo marco, quedan suprimidos también otros criterios que hasta el momento ejercían un cierto peso a la hora de asignar una determinada calificación a un alojamiento, y que, en realidad, responden a criterios subjetivos o de difícil constitución.

Este es el caso del requisito de creación de un ambiente de tranquilidad y armonía en el hotel a partir de los efectos ejercidos por la elección de unos determinados colores, la infraestructura lumínica, la música o ciertas percepciones odorativas.

ACTUALIZACIÓN DE LAS PUNTUACIONES

La actualización de las puntuaciones de los establecimientos hoteleras camina en clara consonancia con los grandes ejes de la Ley, así como con el objetivo nuclear de estabilizar un parque hotelero más sostenible, tanto desde el punto de vista del entorno medioambiental como de las condiciones sociales y laborales.

Igualmente, y dentro de este mismo escenario, la información facilitada a los clientes ha de adaptarse al formato digital, priorizándose la desaparición del papel en los hoteles, mientras que se valorarán específicamente aspectos como la utilización de vehículos eléctricos como estrategia de impulso de la movilidad sostenible.

AYUDAS DIRECTAS

La materialización de los cuatro ejes que forman parte de la Ley general turística elaborada por el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la Agència d’Estratègia Turística, contempla una partida de 60 millones de euros en ayudas directas destinadas a apoyar al sector turístico en su proceso de transformación hacia la excelencia.

Como motor de riqueza en el archipiélago, el turismo y su cadena de valor constituyen la punta de lanza de esta apuesta balear por un nuevo enfoque de las relaciones entre proveedores y clientes, y también entre las empresas y sus trabajadores.

Desde la Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears (Aetib), se ha destacado la necesidad de “dar un paso más” en el camino de ratificar el liderazgo de las islas en el sector, y hacerlo a partir de una Ley que centra su radio de acción en la experiencia de los visitantes, la calidad en las condiciones laborales y el respeto al bienestar de la población residente.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO

Diseñada desde esta triple perspectiva, la nueva normativa autonómica hará posible que Baleares lidere la transformación y modernización del sector vacacional, extendiendo sus efectos positivos en el conjunto de la sociedad.

Esta meta neurálgica se concreta, en la Ley, a partir de un modelo turístico de colaboración capaz de incidir en un crecimiento económico inclusivo y sostenible para tender hacia el fortalecimiento de una oferta turística de calidad que destierre la denominada ‘demanda de excesos’ y sitúe como epicentros la conservación y divulgación del patrimonio y el respecto a los tesoros paisajísticos y el legado cultural de cada una de las islas que integran el archipiélago.

SANCIONES

El texto contempla diferentes sanciones económicas en función del tipo de infracción que se cometa, si bien, en su mayor parte, la cuantía oscilará entre los cuatro mil y los 40.000 euros.

A tenor del marco de atribuciones en el sector del turismo, la Ley advierte de que cada uno de los gobiernos insulares es competente en sus respectivos territorios a la hora de iniciar y resolver los procedimientos vinculados al incumplimiento de la normativa, imponiendo los requerimientos económicos que sean preceptivos.

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