El PP ha logrado este martes que el Congreso admita a trámite su proposición de ley antiokupación, que plantea desalojos en 24 horas, endurecimiento de penas y la prohibición de empadronar a ocupantes ilegales. La han salvado las abstenciones de PNV y Junts, junto al voto favorable de Vox, UPN y Coalición Canaria. El bloque de izquierdas ha votado en contra.
La propuesta reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el juez pueda ordenar a los ocupantes que abandonen el inmueble en 24 horas o demuestren que tienen derecho a estar allí. Si no lo hacen, desalojo. Con aviso a servicios sociales si hay menores o personas vulnerables de por medio.
El texto va más lejos: sube las penas por usurpación, impide el empadronamiento de ocupantes ilegales y permite cortar el suministro de agua, luz o gas sin que eso se considere coacción. También busca separar jurídicamente el concepto de morada de la ocupación ilegal, para que el ocupante no pueda usarlo como escudo frente a la policía.
UN DEBATE BRONCO
El debate ha sido bronco. Mientras el PP defendía que la ocupación ilegal desprotege a propietarios y vecinos, la izquierda acusaba a los populares de legislar para grandes tenedores y fondos de inversión. El momento más tenso lo ha puesto Ione Belarra, de Podemos, al afirmar en el hemiciclo que una familia sin techo debería ocupar una vivienda vacía de un banco.
Que la ley salga adelante es otra historia. Ahora toca el periodo de enmiendas, y el Gobierno y sus socios ya han tumbado antes iniciativas parecidas. Pero el PP tiene lo que quería: el debate en el centro del Congreso y a PNV y Junts mirando hacia otro lado cuando sus aliados levantaban la mano.
