La construcción ha vuelto a coger velocidad en Baleares. Los datos del Colegio Oficial de Arquitectos reflejan que el número de obras visadas creció en 2025 un 27,9 % respecto al año anterior, una cifra que evidencia el dinamismo de un sector clave para la economía del archipiélago.
A primera vista, la noticia podría interpretarse como un síntoma de normalización tras años de escasez de promoción. Más actividad, más obras, más inversión y más empleo. Sin embargo, conviene leer estos datos con cierta cautela para no caer en un optimismo ingenuo.
En primer lugar, porque una parte relevante de ese crecimiento no corresponde a nueva construcción, sino a procesos de regularización de edificaciones existentes en suelo rústico aprobados por la normativa autonómica. Si se descuentan estas legalizaciones extraordinarias, el incremento real de la actividad se reduce a algo más del 5 %, una cifra mucho más modesta.
En segundo lugar, el problema estructural sigue intacto. Baleares vive una presión demográfica constante y una demanda de vivienda que no deja de aumentar. El resultado es bien conocido: escasez de oferta, precios al alza y enormes dificultades para que los residentes accedan a una vivienda digna.
Que se construya más no significa necesariamente que se construya lo que realmente hace falta. El mercado responde, en gran medida, a la demanda solvente —incluida la extranjera— y no siempre a las necesidades de quienes viven y trabajan en las islas.
Baleares necesita más vivienda, sí. Pero sobre todo necesita vivienda accesible para sus residentes
Por eso resulta fundamental que el crecimiento del sector vaya acompañado de políticas públicas ambiciosas. El anuncio de nuevas promociones de vivienda pública es un paso en la buena dirección, pero sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Baleares necesita más vivienda, sí. Pero sobre todo necesita vivienda accesible para sus residentes. De lo contrario, el aparente despegue de la construcción será poco más que un espejismo estadístico: muchas obras, muchos millones invertidos… y cada vez más ciudadanos expulsados del mercado inmobiliario de su propia tierra.
