La economía sumergida es un problema estructural que erosiona el tejido empresarial, daña el empleo y degrada la convivencia. Por eso resulta pertinente la constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de las Islas Baleares impulsada por el Govern de Marga Prohens. Se trata de un órgano concebido para coordinar administraciones y reforzar la ofensiva contra actividades ilegales que proliferan en sectores muy diversos.
La iniciativa apunta directamente a algunas de las prácticas más visibles de esta economía clandestina: alojamientos turísticos sin licencia, taxis pirata y barberías o talleres mecánicos que operan al margen de cualquier regulación.
Todas ellas comparten un rasgo común: hacen negocio despreciando las normas y compitiendo de manera desleal con empresas y autónomos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
No se trata únicamente de un problema de competencia desleal —que ya sería grave— sino también de seguridad y de calidad del servicio. Un transporte ilegal, un alquiler de alojamiento turístico sin licencia o un taller clandestino pueden comprometer la seguridad de los ciudadanos. De ahí que el Govern quiera abordar el intrusismo de forma transversal, implicando a consells insulars, ayuntamientos y a la Delegación del Gobierno para coordinar inspecciones y actuaciones.
La coordinación institucional y la presión inspectora dan resultados tangibles en beneficio de toda la sociedad
Además, Baleares cuenta con un ejemplo cercano de que esta batalla puede ganarse si se actúa con decisión. El Consell d’Eivissa ha demostrado en los últimos años que la coordinación institucional y la presión inspectora dan resultados tangibles en beneficio de toda la sociedad. No en vano, las actuaciones contra la oferta turística ilegal han permitido eliminar miles de plazas irregulares en Ibiza y poner coto a los taxis pirata que actuaban impunemente en el aeropuerto de las Pitiusas.
Quien trabaja dentro de la ley no puede competir en igualdad de condiciones frente a quien opera al margen de ella. El intrusismo es pura picaresca organizada con ánimo de lucro. Por eso la nueva mesa será útil si no se queda en un foro de debate, sino que se traduce en inspecciones, sanciones y cierres de actividades ilegales.
La ley debe proteger a quienes cumplen. Y a los piratas —sean taxis clandestinos, alquileres ilegales o negocios sin licencia— solo les corresponde cumplir con la legislación o afrontar las consecuencias.
