El Ayuntamiento de Palma lleva año y medio sin cumplir la sentencia que le obliga a pagar 30.000 euros a sa Federació de Veïnats de Palma por haberla excluido, de forma indebida, de las subvenciones municipales de varios años. Contra este fallo judicial no cabe la posibilidad de presentar recurso, por lo que el consistorio palmesano lleva todo este tiempo dilatando intencionadamente un proceso que acumula el pago de intereses.
El máximo responsable de haber llegado a esta situación, el concejal de Podemos Alberto Jarabo, no quiere entrar en valoraciones y dice haber remitido el asunto a los servicios jurídicos para que determinen cómo hay que actuar. Su sustituta al frente de Participación Ciudadana desde el pasado mes de julio, la también podemita Clàudia Costa, va más allá y afirma no tener constancia de la citada sentencia judicial que fue emitida en mayo del 2021 y tampoco ha querido expresar opinión al respecto; unas declaraciones que revelan un profundo desconocimiento de los asuntos que afectan a su área o que, simplemente, han sido realizadas para disimular una actuación conscientemente irregular.
Esta forma de actuar no se corresponde con lo que se espera de unos servidores públicos que deben gestionar el dinero de todos con la mayor responsabilidad. La táctica de dilación emprendida por el equipo de Participación Ciudadana de Palma tendrá consecuencias tarde o temprano. Quizá quienes han optado por no cumplir la sentencia y aplazar cualquier pago confían en que será otro equipo municipal distinto el que tendrá que hacer frente a unos importes cuyo volumen se va engordando por días.
Sea como sea, lo que es de justicia -nunca mejor dicho- es que las sentencias se cumplan; más cuando el propio tribunal señala en su resolución que no hay posibilidad de presentar recursos. Un dato que el Ayuntamiento de Palma, como la institución seria y solvente que pretende ser, debería respetar escrupulosamente.
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