Comienza el derribo de Son Banya este miércoles. Una excavadora de la empresa adjudicataria contratada por el Ayuntamiento de Palma ha procedido este miércoles a demoler tres casas del poblado. Son las primeras de un total de 45 que se espera tirar abajo en un plan que pretende acabar con uno de los focos de marginalidad de la ciudad. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha advertido a las familias que se resisten a abandonar el poblado de Son Banya, el principal foco de venta de droga de la ciudad, que el desalojo y derribo de las viviendas "no tiene marcha atrás".
Este miércoles ha comenzado la primera fase del desmantelamiento del núcleo con la demolición de tres casas de otras tantas familias que ya tienen una vivienda alternativa facilitada por el Ayuntamiento, un proceso que continuará paulatinamente hasta completarse con 17 familias que son las que se han sumado al programa de reubicación impulsado por el consistorio.
Otras 28 familias que por resolución judicial están obligadas a abandonar Son Banya, y que no pueden obtener una vivienda social porque tienen otras viviendas, recursos suficientes para tenerlas o causas judiciales por narcotráfico, irán siendo desalojadas a partir de septiembre cuando los juzgados dicten las correspondientes órdenes de lanzamiento.
"Tienen que entender que hay una resolución judicial", ha insistido el alcalde, que ha recordado que el proceso continuará con otras 72 familias hasta completar en dos años y medio el derribo de las 117 casas del poblado. "En 2020 no habrá Son Banya", ha remarcado.
El alcalde ha recordado que todos los grupos políticos municipales respaldan el plan de desmantelamiento del poblado que, además de responder a un proceso judicial, que coinciden en la necesidad de dar alternativas a los 190 niños que actualmente viven en malas condiciones en un asentamiento en el que se concentra buena parte de la venta de droga de la capital balear.
Noguera ha recordado que Son Banya, impulsado en 1970 para reubicar a familias gitanas que vivían en chabolas junto al mar en el barrio del Molinar, ocupa terrenos municipales y genera un coste de 800.000 euros anuales a las arcas públicas.
La concejala de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, ha señalado que las tres primeras familias desalojadas "comienzan una nueva vida" en las viviendas que les ha proporcionado el Ayuntamiento y que "cuatro o cinco más" serán reubicadas en agosto.
Borràs ha indicado que "tienen vivienda firmada 12 familias", que son parte de las 17 que cumplen las condiciones para sumarse al plan quinquenal por el cual podrían cobrar ayudas de hasta 1.000 euros al mes cumpliendo condiciones como garantizar la escolarización de sus hijos e incorporarse a programas de inserción laboral.
La concejala ha señalado que la dificultad de encontrar viviendas sociales que ofrecer a las "familias vulnerables" condicionará el desarrollo del proceso.
Respecto a las "familias no vulnerables", el director general de Bienestar y Derechos Sociales, Joan Antoni Salas, ha asegurado que "tienen capacidad para no vivir" en Son Banya, pero rehúsan abandonar el poblado porque tienen allí su "modus vivendi".
El alcalde ha eludido plantearse un escenario de resistencia violenta a los desalojos y ha hecho hincapié en el carácter histórico del desmantelamiento del mayor núcleo marginal de la capital balear, donde viven en torno a 500 personas.
